Como era de esperar, todos los medios y fuerzas políticas, han llevado a cabo su valoración.
Desde los organizadores, Assemblea Nacional de Catalunya, que la han considerado un éxito, hasta el gobierno de Madrid, que lejos de realizar una valoración, ha preferido recordar a aquellos que no asistieron a la misma. Por el camino, hallamos la prensa internacional, que opta por hacer una lectura más económica que cultural, aunque cada vez se hace más eco de este último punto, y la Generalitat de Catalunya, encabezada por el ejecutivo de Mas y que es quien, con la cifra de 1,6 millones de personas se reafirma en su hoja de ruta, quizás obviando las palabras de Forcadell, que desataron los aplausos en toda la cadena, recordando que la consulta debería celebrarse en 2014, y sin necesidad de esperar a 2016.
Pero más allá de la diada, que fuerza a los políticos a hablar directamente del “conflicto interno” (tal y como lo denomina la UE), qué pasará ahora? Se trata de la eterna pregunta que parece no tener una respuesta clarividente.
Nos encontramos ante dos posturas que parecen entrar en impasse, según dicen, por la legalidad. Desde Madrid se afirma que se puede negociar sin salirse de los márgenes de la Constitución, y desde Cataluña, la única vía para afrontar la realidad que se concibe, es una consulta.
Por ello, después de darle muchas vueltas, he querido dejaros mi opinión como jurista y como ciudadana. La legalidad es el marco que rige nuestra vida, pero no podemos olvidar nunca que las leyes son elaboradas por los políticos, y a los políticos los elegimos las personas. Desde Madrid, se está utilizando la bandera de la legalidad como una franja rígida e inamovible, como un ente superior, desvinculado de la voluntad de la gente y externa a todo este movimiento. Y yo me pregunto, si son las personas, las que en definitiva, han creado estas leyes, cómo puede ser que estas mismas personas, que conforman una sociedad que ha evolucionado desde 1977, no puedan resolver problemas que en 1977 no parecían plausibles, y sobreponerse a la rigidez de una CE para hacer valer la democracia?
No es ésta la base de un “estado social y democrático de derecho? No es ésta la expresión que utiliza el primer artículo de la tan preciada y recurrente Constitución, en este conflicto?
Y volviendo a las declaraciones realizadas por Soraya Sáenz de Santamaría, no se debe olvidar a esta “mayoría silenciosa”, por ello han de tener derecho a expresar su punto de vista en un referéndum si no fueron a la cadena porque no pudieron, o bien porque no se sentían identificados.