La Comisión Europea ha exigido al sector naval español que devuelva al Estado las ayudas que se recibieron entre los ejercicios 2007 – 2011, las cuales han sido consideradas “ilegales” por Bruselas; pero que a la vez son imprescindibles para la supervivencia y la conservación de ochenta y siete mil lugares de trabajo. Si el regreso se hiciera efectivo, se calcula que cerca de dos mil millones de euros volverían a las arcas españolas; este regreso lo tendrán que hacer efectivo los inversores que financiaron la construcción de barcos, pero no los propios armadores. Aún y así, hablar de esta cantidad de dinero es un hecho meramente estimatorio, puesto que desde Bruselas aun no se ha desvelado el importe exacto a devolver.
La decisión final se ha adoptado después de que el comisario de Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva, tal y cómo han informado fuentes comunitarias. Tajani ha sido lo principal aliado del Gobierno español en este expediente y pidió hasta el último momento que sólo se devolvieran las ayudas posteriores al 2009. El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, en un primer momento planeaba que se devolvieran las ayudas recibidas, pero desde el 2005, fecha en que Bruselas inició una investigación sobre un sistema francés similar. Pero gracias a un acuerdo de los jefes de gabinete se pudo retrasar la fecha hasta el 2007, momento en que se resolvió el caso francés. Todo este movimiento surge a raíz de que el Ejecutivo comunitario cree que el régimen de ayudas español, que se inició en 2002 sin consultarlo previamente, vulnera las normas de la Unión Europea sobre las ayudas públicas, al conceder una ventaja selectiva a sus beneficiarios.
España intentó que la devolución se contabilizara a partir del 2011, momento en que la Comunidad Europea abrió el expediente a España. Desde el ejecutivo se alega que hasta este periodo no había una “seguridad jurídica” que apuntara a la irregularidad de estas ayudas. En esta línea, el propio Mariano Rajoy se puso en contacto con el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, para solicitar una resolución favorable al sector naval español.
Ante esta noticia, el Gobierno se reserva el derecho de recurrir la decisión emitida por Bruselas ante el Tribunal Europeo de Justicia. El ministro de industria, José Manuel Soria, ha reconocido que esta decisión no es la que más gusta al ejecutivo, puesto que se prefería que el reintegro, tal y cómo hemos comentado, fuera desde el 2011. En el Consejo de Ministros del pasado viernes, 19 de julio, el Gobierno analizó la posible presentación del recurso. Se ha decidido analizar el informe que presentará el titular de industria sobre las ayudas a los astilleros. Lo que se busca es recurrir la decisión y pedir su paralización cautelar mientras se adopte una decisión. Entre los afectados por la devolución de las bonificaciones encontramos grandes grupos empresariales españoles que durante la pasada década participaron en Agrupaciones de Interés Económico, con las que se beneficiaron de la arquitectura fiscal del tax lease. Esto los permitió generar bases imponibles negativas en sus Impuestos de Sociedades. Entre estas grandes empresas, podemos encontrar nombres tan conocidos como Inditex o El Corte Inglés, las cuales están dispuestas a recurrir la decisión ante los tribunales.
