¿Podría instruir el caso de los ERE en Andalucía un juez que hubiera tenido una relación estrecha con la Junta?
Evidentemente, la respuesta a ambas preguntas sería negativa.
Durante estos días, hemos conocido la condición de militante del Partido Popular por parte del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos.
Que el máximo representante del TC disponga del carnet de militante de un partido supone un nuevo golpe de tuerca a la imagen de nuestro país, que viene a sumarse a las constantes sacudidas que se están viviendo en los últimos meses.
El Tribunal entiende que del art. 19.1 LOTC (Ley Orgánica TC) y del 159.4 CE, se puede extraer que los miembros del TC pueden tener adscripción política. Ambas normas van en la misma línea estableciendo como única limitación plausible que los magistrados no pueden ocupar cargos directivos dentro de los organigramas de los partidos.
Sin embargo, el TC obvia la parte final del articulado de la LOTC que estipula “En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial”.
Si echamos un vistazo a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ésta establece en sus artículos 389-397 una larga lista de supuestos de incompatibilidad y de prohibición.
Merece una mención especial el precepto 395 LOPJ en el que se destaca “no podrán los Jueces o Magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos”. Por ende, los magistrados del TC también quedarían supeditados al artículo 395 LOPJ que prohíbe expresamente pertenecer a partidos o sindicatos.
A pesar que el TC no forme parte del poder judicial, sus responsabilidades son tan (o incluso más) relevantes que las del mismo poder judicial.
El TC es el máximo garante de la norma suprema del ordenamiento jurídico: la Constitución Española. Por ello, a cualquier magistrado que deba tomar decisiones de un calado tan importante se le debe exigir si cabe la mayor independencia posible.
No hace tantos años que causó estupor la recusación del magistrado Pérez Tremps en el caso del Estatuto catalán por pretender ser juez y parte a la vez. Una vez recusado, desde el espectro político nacionalista se rasgaron las vestiduras ante semejante decisión. Una resolución que era totalmente entendible puesto que Pérez Tremps había colaborado como asesor remunerado durante el proceso de elaboración del Estatuto.
Por ello, más allá de las dudas que suscita la interpretación que el Alto Tribunal realiza de la normativa aplicable, el presidente del TC debería dar un paso al frente y presentar su dimisión del cargo que actualmente ocupa por falta de independencia. De lo contrario, su figura y su postura quedarán siempre en entredicho y se enfrentará muy probablemente a numerosas peticiones de recusación o nulidad (véase Garzón u Otegi).
De no ser así en un país en el cual la palabra “dimisión” a nivel institucional parece brillar por su ausencia, deberían ser sus compañeros de Tribunal los que defendieran la pulcritud de dicho órgano.
En los próximos años, el TC deberá dilucidar acerca de la constitucionalidad de una batería de medidas del Gobierno actual como la reforma laboral, las tasas judiciales o la supresión de la paga extra a los funcionarios. Y además, aún queda pendiente su decisión final respecto a la controvertida Ley del Aborto promovida por el ejecutivo Zapatero.
En definitiva, casos polémicos y de una vasta magnitud política en los que la afiliación de Pérez de los Cobos entra en contradicción con el más elemental principio de imparcialidad que rige en el sistema judicial.
El TC, acusado en innumerables ocasiones de ser un tribunal de servidumbres partidistas y máximo estandarte de la politización de la justicia, se juega por enésima vez su cuestionada credibilidad ante los ojos de la sociedad civil.
No se trata de darle la puntilla final a un Gobierno que está sufriendo un enorme desgaste ante la opinión pública; no hablamos de ir en contra de un partido ni tan siquiera de una simple dimisión. Nos jugamos el prestigio de la máxima instancia judicial de este país y empezar a poner la primera piedra para regenerar un entramado institucional que nos permita rehusar la ya extendida idea de que Europa empieza a partir de los Pirineos.
Por Andreu Marín
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Adminstración por la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Estudiante de último curso del Grado en Derecho en UPF.
Jefe de Opinión en El Jurista. Mis ámbitos de interés son el Derecho Penal y Constitucional.