Recentralización como salida de la crisis

Durante mucho tiempo en España se ha debatido la cuestión de la burocracia por duplicado que existe en los diferentes niveles de las Administraciones Públicas. El Gobierno ha planteado recientemente la reforma de la administración que pone el acento en evitar este tipo de situaciones tan molestas para el ciudadano como sería, por ejemplo, hacer un mismo trámite a nivel local, posteriormente a nivel autonómico, para finalmente acabar realizándolo una tercera vez a nivel estatal. Los llamados “emprendedores” tampoco se salvan, si quieren abrir un negocio van a padecer este mal de las comunidades autónomas y se verán envueltos en este proceso burocrático que solo podría traducirse en un rechazo del Estado a facilitarle las cosas a esa persona que tan solo se ha propuesto crear puestos de trabajo en un país que es líder de parados a nivel de Europa.

En un primer momento, esta reforma apostaba por la eliminación de organismos autonómicos que tenían la misma utilidad que los ya existentes a nivel estatal. Con ello, me refiero a Tribunales de Cuentas o Defensores del Pueblo, por ejemplo. ¿Por qué los catalanes, como sería mi caso, debemos pagar con nuestros impuestos a organismos en los que en su mayoría están conformados por miembros afines al Gobierno si ya existen a nivel estatal? Esta pregunta sé que puede crear discusión y debate entre los lectores, pero lo que seguro que no genera ninguna discusión, pues en eso estamos de acuerdo todos, es que la salida de la crisis la va a pagar la clase media y baja con nuestros impuestos.

Si tenemos pues la seguridad de esto anterior, y dejando de lado demagogias de bajar el sueldo de los políticos y otros temas que tampoco estarían de más; eso no ayudaría ni en un 1% a salir de la crisis, en cambio, la reforma de la administración sería el gran ahorro del Estado ya que, por un lado, se produciría sin tocar ninguno de los temas sociales de más relevancia como la educación o la sanidad, y por otro lado, se produciría con efectos discretos hacia el ciudadano, pues ni notaria la diferencia de tener o no en su Comunidad Autónoma un defensor del pueblo y muy probablemente lo que sí que notaría sería que no le han subido los impuestos…

Conforme han ido pasando los días tras la presentación de este proyecto de reforma de las Administraciones Públicas por parte del Gobierno, se han ido conociendo más detalles que a mí personalmente no me han gustado nada. Lo comentado anteriormente sobre eliminar organismos ya existentes a nivel estatal en las Comunidades Autónomas y por las críticas que ello ha generado (en Cataluña lo ven un nuevo ataque y desde la Comunidad de Madrid dicen que su Tribunal de Cuentas no se lo toca nadie) ha llevado al Gobierno a dar un paso atrás en este aspecto por lo que dicen que se evitará tocar estos organismos. Creo que es un grave error rectificar en este aspecto, más si cabe en estos organismos autonómicos que en su mayoría son elegidos por “mayorías sospechosas” más que por elecciones democráticas. Se trata de una selección de enchufados donde el servir al interés general queda en un tercer o cuarto plano mientras que servir al interés de partido al que gracias a éste tienen un sueldo asegurado tiene un interés más importante.

Por otro lado, la reforma de las Administraciones Públicas no debería servir para poner en riesgo los vértices clave del Estado de Bienestar (o lo que queda de él) como por ejemplo la Sanidad. Se debe evitar a toda costa que la fusión de ayuntamientos conlleve a muchos ciudadanos a sentirse obligados a desplazarse porque con la fusión y cierre de su ayuntamiento con otro, se cierren también servicios de urgencia que llevarían a las personas más mayores de estos pueblos a desplazarse convirtiéndose ello en misión imposible para más del 50% de estas personas. De producirse la fusión de ayuntamientos en los municipios más pequeños, solo se podría estar de acuerdo si estos servicios mantienen su estructura sin que se altere un ápice la garantía al ciudadano de que no va a perder derechos en ningún momento, sino que los ganará con el ahorro que el Estado tendrá con esta reforma de las Administraciones Públicas que en un Estado autonómico como el que tenemos, no se entiende como no ha llegado antes y aun no entiendo como no se ha puesto en marcha.

Por Juan José Sánchez

Universitario. Derecho & Gestión y Administración Pública. Interesado en temas de política y actualidad.

Twitter: @sanchez_jj

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