Los periodistas tenemos un gran poder sobre la agenda política. Se dice que “todo lo que sale en los informativos es noticia” e influye en la sociedad. Si influye en la sociedad, los políticos han de estar atentos para dar una respuesta y, en algunos casos, cambiar incluso leyes, reglamentos y todo tipo de normas jurídicas.
En ocasiones este poder de los medios de comunicación es positivo, ya que conseguimos ser un canal entre ciudadanos y políticos gracias al cual los legisladores son conscientes de los cambios sufridos por la sociedad. En otras ocasiones, este canal se puede confundir con un simple instrumento de presión mediática con consecuencias negativas y fuera de toda lógica legal.
Como todo se ve mejor con un ejemplo, me centraré en el caso de la sevillana Marta del Castillo. Esta joven desapareció hace más de cuatro años y todavía no se ha encontrado su cadáver. La investigación ha sido una de las más seguidas por todos los españoles y ha sufrido diferentes giros inesperados de guion.
Durante las primeras semanas y meses desde su desaparición, el caso solo tenía repercusión en los programas de crónica social, como el desaparecido Gente, o en los minutos destinados a estos casos en programas como Espejo Público o La mañana de La 1. La cobertura era muy parecida a la de otros casos de desaparición en España, que no han sido pocos en la historia televisiva de los últimos 20 años: apariciones de los padres apenados pidiendo que alguien encuentre a su hija, sucesión de vídeos e imágenes de la joven y, con el paso de los días, declaraciones de amigos y familiares sobre cómo era Marta.
Las televisiones consiguieron un efecto positivo en este caso: mucha gente se solidarizó y mando ánimo y ayuda a los padres de la chica. Otros muchos, de pueblos cercanos, se sumaron a los voluntarios que buscaban incansablemente a Marta.
Siguieron pasando los meses y empezaron las detenciones, los interrogatorios y las sospechas sobre diferentes jóvenes amigos de Marta. Además, se empezó a especular sobre dónde podía estar el cuerpo de la joven. Viendo que el caso tomaba forma y se convertía en una pequeña historia de novela negra, las cadenas de televisión no dejaron pasar la ocasión: en 2010 y 2011 Marta del Castillo abría los informativos de Telecinco y El Programa de Ana Rosa y Espejo Público le dedicaban monográficos. Incluso el diario generalista más leído de España, El País, publicaba noticias acerca del caso.
El tema de la chica desaparecida se empezó a colar en la agenda política y los padres de Marta, como ya pasó con los de Mari Luz Cortés (otra niña desaparecida), se llegaron a reunir con los líderes políticos españoles. Estas reuniones concluían con la petición de endurecimiento de penas que llevaron al actual ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón a exponer estos casos al hablar de su propuesta de cadena perpetua revisable.
Pero éste no es el efecto más negativo del poder de influencia de los medios de comunicación. Pensemos en el juez del caso Marta del Castillo. Pensemos también que estos casos susceptibles de generar opinión pública acaban siendo juzgados por jurados populares. La presión soportada por los jueces o el jurado popular es inmensa e incluso Paul H. Robinson, profesor de Criminología en la Universidad de Pennsylvania, ejemplifica en un artículo como en China y EE.UU. son diversos los casos demostrables (por sentencias posteriores) en que la opinión pública ha actuado desproporcionadamente tanto a favor como en contra del acusado.
En definitiva, el caso Marta del Castillo sigue llenando minutos de televisión porque los editores de contenidos todavía observan buenos datos de audiencia. Los españoles, sobre todo los consumidores de los programas de la franja matinal y de tarde-noche, quedan sobrecogidos por la tristeza de la familia y lo desquiciado de los cambios de versión de los acusados y acaban incluso organizando manifestaciones. Todo ello por una chica que el 90% de los que ahora protestan se puede decir que ni conocían. Al final, esto juega en contra de unos acusados que, más allá de lo que la justicia pueda demostrar, se verán afectados por la opinión pública.
Adrián Caballero. Periodista. Director de Tribuna Interpretativa. Analista político y de la realidad de los medios de comunicación
Twitter: @a__caballero