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Rafael Catalá destaca la aportación de notarios en el fortalecimiento de la seguridad jurídica

Redacción.

“Podemos acreditar que durante la última legislatura en España se ha fortalecido el valor de la seguridad jurídica. Los notarios y otros profesionales del Derecho han contribuido con sus aportaciones al impulso de sistemas extrajudiciales alternativos con Leyes como las de Arbitraje, Mediación o Jurisdicción Voluntaria”, ha manifestado Rafael Catalá en la inauguración de las II Jornadas sobre Seguridad de las Inversiones en Iberoamérica, que tuvo lugar ayer en la sede de la Secretaría General Iberoamericana.

Para Catalá es fundamental “dotar de seguridad jurídica a las pymes y emprendedores, no sólo a los grandes operadores; para ello, durante esta legislatura se han desarrollado reformas que se acercan a la sociedad como la conocida como Ley de “Segunda Oportunidad”, que permite una salida razonable para los deudores y ayuda a la seguridad jurídica de los inversores”. Este tipo de instrumentos fortalece nuestra seguridad jurídica y nuestro Estado”.

“El valor de la seguridad jurídica es una palanca para el incentivo de las inversiones. Este concepto en este mundo de economía global es determinante para transmitir confianza a los inversores. El mundo de la Justicia y la Economía se interaccionan cada vez más; cuanto más seguro es un país en términos jurídicos mayor es su potencial para atraer inversores y estímulos al emprendimiento. La seguridad jurídica establece claridad y transparencia en la burocracia, rigor en los contratos y certezas a la hora de hacer cumplir la Ley”, concluyó Catalá.

Jaime García–Legaz, secretario de Estado de Comercio, destacó la importante presencia de inversores españoles en Iberoamérica: “Desde hace casi treinta años, somos el primer inversor en la región; a pesar de los años de crisis y la caída de las materias primas, la inversión española continúa con robustez. Para que esa inversión pueda crecer, es fundamental garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, garantizando el cumplimiento de las reglas del juego y que el ordenamiento jurídico se cumpla. Esto no implica que no haya conflictos, lo importante es contar con un marco jurídico que los resuelva, existen más de setenta acuerdos para proteger las inversiones españolas en la región. Tenemos la obligación de que esta red de protección de los inversores continúe con buena salud, por lo que no es una buena noticia que haya países que no protejan esas inversiones. El diagnóstico es positivo, los datos de inversión lo atestiguan; volveremos a ver los flujos de inversión del pasado entre España e Iberoamérica”.

Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana y anfitriona de este foro manifestó que: “vivimos un momento de desaceleración, pero los inversores españoles muestran su entusiasmo y confianza en nuestra región. El año pasado hubo un promedio negativo en Brasil y Venezuela, pero la mayoría de los estados iberoamericanos creció en torno al 2 o 3 por ciento. Iberoamérica está dejando atrás lo que era hace veinte años, hoy en día hay un espacio de Derecho generalizado, estados democráticos, independencia de los sectores judiciales y una macroeconomía sana y sostenible. Todo ello ha permitido sacar a 60 millones de personas de la pobreza, e incorporarlos a la clase media”.

Arkel Benítez, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), apuntó que “la seguridad jurídica aporta prosperidad a la región. La importancia de las inversiones ha permitido a Iberoamérica avanzar en términos de desarrollo social. Promover reglas claras que permitan invertir con garantías y certidumbres y contar con estados previsibles generarán el clima adecuado para atraer capital”.

Por último José Manuel García Collantes señaló que el objeto de las jornadas es “repetir el éxito y afluencia de las jornadas anteriores; prosiguiendo el proceso de relación jurídica entre ambos lados del Atlántico”. El acto inaugural también contó con la presencia de Max Trejo Cervantes, secretario general de la Organización Iberoamericana de Juventud y Alfonso Cavallé, delegado para América del Consejo General del Notariado.

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