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Alberto Durán: “No basta con reconocer los derechos, hay que garantizar su ejercicio de forma efectiva”

Redacción.

Hoy se cumplirán justo dos años desde que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social que cumplió la necesaria función de plasmar en un único texto legislativo las tres grandes leyes que regulan el marco normativo de la discapacidad, así como el basto cuerpo jurídico de disposiciones dispersas en la legislación que enmarcan esta materia.

Este hito ha animado a la Editorial La Ley, perteneciente a Wolters Kluwer España, a impulsar la publicación del volumen ‘Comentarios al Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social’, que, realizado con la colaboración de Fundación ONCE, CERMI y Santander Justicia, analiza desde diferentes perspectivas la trascendencia jurídica, social y política de esa refundición que por primera vez ha aglutinado en un único texto toda la legislación aplicable a las personas con discapacidad

Aprovechando la doble coincidencia de la reciente publicación de este volumen y del segundo aniversario de la publicación en el BOE del texto legal, Fundación ONCE y Servimedia han reunido a la Abogada General del Estado, Marta Silva de la Puerta; al presidente de la Asociación de Abogados del Estado, Edmundo Bal; al vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; al presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; y a los dos coordinadores del volumen, el director de Relaciones Sociales, Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna, y el Abogado del Estado Jefe del Ministerio de Sanidad, Fernando Arenas Escribano, en un encuentro informativo que ha puesto en valor la relevancia del volumen y ha subrayado la necesidad de que las entidades representativas del sector de la discapacidad y el mundo jurídico continúen colaborando en el gran objetivo de que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad al resto de las personas.

“En España somos más de cuatro millones de personas con discapacidad y hay circunstancias como el aumento de la esperanza de vida y los fenómenos asociados a la misma”, señaló el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán. “Ya no basta con reconocer los derechos”, continuó, “hay que conseguir que haya un disfrute efectivo de los mismos, porque es en esta fase donde surgen los problemas”.

Lagunas en el ejercicio de los derechos

Durán instó al tejido asociativo de la discapacidad, a los juristas, particularmente a los abogados del Estado, y a los políticos a estar siempre alerta porque aunque cada vez hay menos obstáculos “también surgen barreras nuevas contra las que hay que actuar”.

La Abogada General del Estado y directora del Servicio Jurídico del Estado, la máxima autoridad jurídica del Estado, Marta Silva de Puerta, ha resaltado la importancia del volumen presentado a la hora de poner de manifiesto “las lagunas e insuficiencias” en la protección jurídica de las personas con discapacidad y ha admitido la urgencia de poner en marcha los mecanismos y estructuras precisos para hacer reales y efectivos los principios de igualdad y no discriminación.

En este sentido, Silva de Puerta se mostró favorable a poner en marcha una estrategia basada en cuatro principios: existencia de un marco normativo adecuado, reconocimiento y protección de las familias, protección y tutela del asociacionismo y compromiso social y personal.

El presidente de la Asociación de Abogados del Estado, Edmundo Bal, ha reivindicado por su parte el valor del compromiso del cuerpo de abogados del Estado con el fenómeno de la discapacidad y la protección de sus derechos. “Siempre hemos sido un ejemplo de independencia técnica, sabiduría jurídica y de sentido común, y son estos principios los que nos permiten resolver los problemas de la realidad”.

Tareas pendientes

Los coordinadores del volumen resaltaron su oportunidad y su valor jurídico y social. En opinión de Fernando Arenas, el texto refundido tiene la virtud de ofrecer una visión panorámica de cómo ha ido variando la visión sobre el fenómeno de la discapacidad en el marco normativo español desde la primera ley en los primeros ochenta hasta la última reforma legislativa de 2011.

Para Miguel Ángel Cabra de Luna el texto introduce además algunas armonizaciones relacionadas con el mando de la Convención de Naciones Unidas ratificado por España y también sirve para poner de manifiesto la lista de tareas pendientes. En este sentido, citó la necesidad de adecuar particularmente todo lo relacionado a la legislación sobre trabajo en una nueva Ley de Inclusión Laboral, que adapte la normativa a una realidad en el que “el 70% de las personas con discapacidad en edad laboral, lo son por una discapacidad sobrevenida”, y también de modificar la Ley de Propiedad Horizontal para evitar que haya personas que se quedan inmovilizadas en su casa cuando llegan a una situación de discapacidad, una situación que, dijo, afecta a unas 400.000 personas.

En el camino que queda por recorrer ha hecho hincapié también el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, que ha trasladado la percepción del CERMI del derecho “como un instrumento al servicio del cambio social que necesitan las personas con discapacidad”.

El dirigente del CERMI ha resaltado que “aunque se suele decir que nuestro derecho es muy avanzado tiene muchos déficit y muchas lagunas en lo relacionado con las personas con discapacidad”.

Luis Cayo Perez Bueno ha enunciado como ejemplos de estas lagunas que el próximo 20 de diciembre hay 80.000 personas con discapacidad que no podrán ejercer su derecho al voto, la persistencia del principio legal de la esterilización forzada, el internamiento forzoso de personas con trastornos psíquicos, el incumplimiento de la accesibilidad en los edificios y en los bienes y servicios o la inoperancia de las mesas de diálogo civil previstas legalmente. Aquí ha recordado que el tejido asociativo no ha sido consultado ni informado de ninguna de las últimas normas sociales aprobadas por el Ejecutivo.

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