Redacción.
El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) pide que se derogue la Ley 10/2012 de tasas judiciales para que autónomos y pequeñas y medianas empresas -que facturen hasta 10 millones de euros- estén exentas de su pago para ejercer la potestad jurisdiccional.
El 20 de noviembre de 2015 se conmemora el tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley de tasas judiciales, por eso el ICAB se manifiesta una vez más en contra de esta medida porque supone una vulneración del principio de tutela judicial efectiva.
Esta Corporación también pide la derogación de la Ley catalana de tasas judiciales, ya que si bien el Decreto Ley de modificación de la ley de tasas judiciales (del 3 de junio de 2014) excluye a los ciudadanos y autónomos -personas físicas- del pago de la tasa, las pequeñas empresas que facturan más de un millón de euros siguen obligadas a su pago.
Por ello, el ICAB alerta una vez más que la existencia de tasas judiciales puede hacer que el sector empresarial acabe repercutiendo el coste de la tasa en los consumidores.
Tal como muestra el Informe de la Justicia 2015, que el Colegio de la Abogacía de Barcelona presentó el pasado 12 de noviembre, las tasas judiciales han actuado como mecanismo disuasorio y limitador del acceso a la justicia. Este Informe muestra que el efecto de las tasas se ha notado especialmente en los ámbitos Contencioso-Administrativo y Civil.
Por este motivo el ICAB realizará durante todo el 20 de noviembre en twitter y en las redes sociales una campaña contra las tasas judiciales con la etiqueta #3anyscontralestaxes.
Por otra parte, el ICAB se congratula del trabajo realizado para conseguir que las personas físicas estén exentas del pago de las tasas judiciales, lo que se convirtió en una realidad con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto Ley para modificar las tasas judiciales, que entró en vigor en febrero de 2015.
