Redacción.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha reiterado hoy el compromiso de este órgano constitucional de implicarse “activamente” en la lucha contra la corrupción, que se ha materializado esta misma semana con la constitución y puesta en marcha de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC).
La UACC, que evaluará los problemas que existen en los órganos judiciales que tramitan este tipo de procedimientos, propondrá medidas de ayuda y refuerzo a los mismos que contribuyan a conseguir una respuesta ágil y eficaz ante la corrupción, lo que “ayudará también a que aumente la confianza de los ciudadanos en la Justicia y en el trabajo de nuestros jueces”.
“Existen condenas por corrupción pero, muchas veces, llegan tarde y después de farragosos procesos. Somos conscientes de que la dilación entre el delito y la condena reduce drásticamente el efecto preventivo de la Justicia”, ha dicho Lesmes ante los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos durante la inauguración de las III Jornadas de Derecho Penal Económico.
El presidente del TS y del CGPJ, que ha subrayado que la corrupción es una “lacra social que está minando la credibilidad en las instituciones y en nuestro sistema político”, ha explicado que la UACC se configura como una unidad técnica de carácter instrumental al servicio de jueces y magistrados que actuará a petición de éstos y sin invadir sus cometidos jurisdiccionales proponiendo a la Comisión Permanente del Consejo la aprobación de planes de apoyo a los órganos judiciales que tramiten causas de especial complejidad.
Entre las medidas que podrán adoptarse -además de las consistentes en refuerzos judiciales, personales y materiales- figuran la de recabar de las Administraciones Públicas la puesta a disposición de los instructores de causas por corrupción de especialistas en economía, contabilidad, informática y otras materias o la de formar a los jueces en técnicas de investigación y localización de activos provenientes del delito.
La UACC también podrá proponer medidas de auxilio en los requerimientos de información a la Administración Pública, pudiendo llegar a requerir a los Poderes Públicos la inmediata remisión de lo solicitado por el juez; así como otras dirigidas a garantizar la independencia judicial cuando ésta se pueda ver amenazada o perturbada en la tramitación y resolución de procedimientos por corrupción.
“Este papel de garante de la independencia judicial cobra especial importancia frente a las presiones explícitas o implícitas que los miembros del Poder Judicial pudieran sufrir cuando estuvieran enjuiciando penalmente a personas relevantes del poder político o económico”, ha dicho Lesmes.
El presidente del TS y del CGPJ se ha referido también a la transparencia de las instituciones como uno de los “instrumentos fundamentales” para combatir la corrupción y ha recordado que el Consejo cuenta desde el pasado 2 de julio –seis meses antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia- con un Portal de Transparencia que explicita el compromiso de sus miembros de desarrollar su actividad con total publicidad y sin secretismo alguno, a la vista de los jueces y de los ciudadanos, como fórmula exigente para un mejor gobierno.
“Cuando las decisiones que deben adoptarse desde el sector público, sus fundamentos y causas, se someten al examen de su publicación íntegra, se genera de manera espontánea un filtro de calidad y corrección en la actuación de los poderes públicos”, ha concluido Lesmes.
