Redacción.
La Fundación Abogacía Española ha instado a las autoridades ecuatorianas a agilizar los trámites para poner en libertad a varias decenas de españoles condenados por tráfico de pequeñas cantidades de droga en el país latinoamericano y que ya han extinguido sus condenas gracias a una reforma legal llevada a cabo por el Gobierno de Ecuador.
Ecuador puso en marcha en agosto de 2014 una reforma que modulaba las penas en función de la cantidad de droga portada, por lo que las condenas por tráfico de pequeñas cantidades debían ser revisadas. En consecuencia, una parte importante de los presos condenados por este delito ya habrían cumplido su condena y deberían quedar en libertad. Esta reforma afecta a casi dos centenares de españoles que se encuentran encarcelados tanto en Ecuador como en España, y de los que un número significativo tendría extinguida la pena por completo.
Sin embargo, los retrasos de las autoridades ecuatorianas están impidiendo la revisión de las condenas y la consiguiente puesta en libertad de los presos españoles, algunos de ellos con graves problemas de salud.
Por todo ello, la Fundación Abogacía Española está manteniendo contactos desde hace meses con diversas instituciones ecuatorianas y españolas, entre ellas el Consejo de la Judicatura de la República de Ecuador, organismo que solicitó a la Fundación una propuesta de procedimiento para la revisión de las condenas de los ciudadanos presos en cárceles españolas, ya que al menos 40 de ellos deberían estar en libertad por haber extinguido sus condenas. A pesar de que la Fundación sugirió el procedimiento solicitado, aún no se ha puesto en marcha.
Además, abogados ecuatorianos, con el apoyo de la Fundación Abogacía, están estudiando los expedientes penitenciarios de varios casos prioritarios de españoles encarcelados en Ecuador, mientras que en España son los abogados de los Servicios de Orientación y Atención Jurídica Penitenciaria de los Colegios de Abogados quienes están asesorando a los españoles presos en nuestro país a los que les afecta la reducción de penas.
Por otra parte, el Consulado español en Quito, con el que la Fundación está en permanente contacto, ha advertido de supuestos intentos de fraude a los familiares de estos presos, a los que les piden dinero para realizar gestiones legales cuyo resultado es, obviamente, incierto.
Visita a Ecuador
En octubre de 2014, una delegación de la Fundación Abogacía, compuesta por su vicepresidente Carles McCragh, su coordinador de Proyectos, Francisco Segovia, y el abogado Gerardo Esteva, visitó a 60 presos españoles en Ecuador a quienes puede afectar la entrada en vigor del nuevo Código Orgánico Integral Penal, que incorpora una rebaja sustancial de las penas por tráfico de estupefacientes. Prácticamente los 85 presos españoles encarcelados en Ecuador están condenados por este delito.
Los representantes de la Fundación se reunieron también con el Consejo de la Judicatura – el equivalente al Consejo General del Poder Judicial en España-, el viceministerio de Rehabilitación Social, el Defensor del Pueblo, y la Defensa Pública (abogados de Oficio). Según pudo comprobar entonces la delegación, las instancias judiciales ecuatorianas no habían arbitrado un procedimiento claro para tramitar la revisión de la pena de presos españoles condenados en Ecuador por tráfico de drogas que cumplen condena en centros penitenciarios españoles. A día de hoy, el procedimiento aún no se ha establecido.
Casos no detectados
La visita de la delegación de la Fundación Abogacía Española a Ecuador sirvió para iniciar los trámites de revisión de condena de algunos casos de españoles que no habían sido aún detectados en los centros penitenciarios visitados y para proponer procedimientos que aún no se habían arbitrado, además de abrir nuevos canales de comunicación entre las instituciones ecuatorianas que intervienen en este proceso.
La Fundación Abogacía Española se congratula de que la República de Ecuador haya aprobado un nuevo Código Orgánico Integral Penal en la parte referida a la revisión de las condenas por tráfico menor de estupefacientes, reforma que debería ser un ejemplo para toda la región ya que pone de manifiesto una visión moderna y progresista del derecho penal y la aplicación real en las normas del principio de proporcionalidad de las penas.
