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¿Qué ha sucedido con el dinero aportado por los contribuyentes?

Diego FierroPor Diego Fierro Rodríguez.

Ahora mismo, cualquier ciudadano puede estar preguntándose qué es lo que ha sucedido con el dinero que le ha ido pagando al Estado, a la Comunidad Autónoma y a los Entes Locales durante los últimos años a través de los tributos. Además, cualquiera puede plantearse quiénes no han cumplido con las obligaciones tributarias. 

A todos les gustaría saber cuánto dinero público ha dejado de recaudarse por el egoísmo de algunas personas y en qué se invierte el dinero público. Es lógico, ya que, según el art. 31.1 de la Constitución de 1978, “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Además, no puede ser olvidado que el art. 31.2 de la norma suprema del ordenamiento jurídico español dice que “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. Al estudiar la importancia de los tributos, es necesario destacar que la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2000 afirma que “Es innegable que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por su carácter general y personal, y de figura central de la imposición directa, constituye una de las piezas básicas de nuestro sistema tributario. Se trata, indudablemente, de un tributo en el que el principio de capacidad económica y su correlato, el de igualdad y progresividad tributarias, encuentran una más cabal proyección, de manera que es, tal vez, el instrumento más idóneo para alcanzar los objetivos de redistribución de la renta (art. 131.1 C.E.) y de solidaridad (art. 138.1 C.E.) que la Constitución española propugna y que dotan de contenido al Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE) (SSTC 19/1987, de 17 de febrero, FJ 4, y 182/1997, de 28 de octubre, FJ 9)”.

Principalmente, hay dos problemas. Por un lado, aunque la Constitución se refiere a que el dinero público tiene que ser utilizado correctamente, resulta, por lo que ha podido conocerse durante los últimos meses a través de los medios de comunicación, que existe un cuestionable empleo de los recursos económicos públicos, al que hay que añadir el hecho de que una parte considerable del dinero público aportado por los habitantes del Estado español se encuentra en distintos paraísos fiscales, como Andorra o Suiza. Por otro lado, son bastantes los mandatarios públicos que han llegado a realizar gastos que no han sido declarados a Hacienda con el objetivo de evitar la obligación de pagar los correspondientes tributos, vulnerando lo establecido en la legislación.

Los dos problemas existentes han producido que haya menos dinero público del que debiera existir. Este hecho ha desembocado en la realización de recortes indebidos, que están perjudicando a muchos ciudadanos, y en actuaciones administrativas de dudosa moralidad o legalidad en determinadas situaciones. Las consecuencias de la falta de recursos públicos, que están relacionadas con la insuficiente transparencia que hay en las instituciones españolas, han provocado que se cuestione la efectividad del Estado de Derecho en España.

Los dirigentes que están inmersos en casos de corrupción por realizar conductas ilícitas conectadas con el dinero público, que ocupan puestos en las distintas Administraciones y que tienen relación con partidos políticos de distinto signo ideológico, están consiguiendo que la clase política sea cada vez más detestada, ya que los altos cargos de los entes administrativos cada vez están más alejados de la realidad en la que se encuentra la ciudadanía. Además, están dando un mal ejemplo a todas las personas.

Todos los sucesos que se han producido tienen aspectos comunes y sirven para entender la razón por la que César Molinas señala en “Una teoría de la clase política española” que “la clase política española no sólo se ha constituido en un grupo de interés particular, como los controladores aéreos, por poner un ejemplo, sino que ha dado un paso más, consolidándose como una élite extractiva, en el sentido que dan a este término Acemoglu y Robinson en su reciente y ya célebre libro Por qué fracasan las naciones”. Al hablar de este asunto, Luis Garicano llegó a afirmar que “lo que nos ha pasado es que las instituciones económicas y políticas sufrieron un enorme deterioro durante los años de la burbuja”.

Se han realizado fraudes fiscales sancionados a nivel administrativo y a nivel penal, se ha prevaricado, se han malversado caudales públicos, se han cometido delitos de cohecho y se han blanqueado capitales. Por esas actividades ilícitas, hay grandes cantidades de dinero que deberían estar en las arcas públicas, que, realmente, están en los bolsillos y en las cuentas bancarias de muchas personas que tienen que actuar como servidores de la ciudadanía. Al hablar de este asunto hay que tener presente que el art. 103.1 de la Constitución Española indica que “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. Este precepto debe ponerse en relación con la idea fijada por la Exposición de Motivos de la Ley 30/1992, que dice que “La Constitución consagra el carácter instrumental de la Administración, puesta al servicio de los intereses de los ciudadanos y la responsabilidad política del Gobierno correspondiente, en cuanto que es responsable de dirigirla”, de modo que no puede servir con subjetividad a intereses particulares. Sin embargo, la situación real es muy distinta, ya que no son pocos los que, teniendo alguna capacidad para obrar dentro de un ente administrativo, han satisfecho intereses propios o ajenos por todas las vías posibles, olvidando que es lo que deben hacer.

Es necesario que el dinero aportado por los contribuyentes esté en el lugar en el que debe estar, para que pueda ser empleado con la intención de alcanzar los fines que justifican su obtención por parte de las Administraciones Públicas. Si sucede lo contrario, los ciudadanos seguirán contribuyendo al enriquecimiento ilícito de algunas personas que, debiendo servir a los intereses generales, se preocupan únicamente por llenar sus bolsillos con el dinero público.

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