Los hechos se produjeron el pasado 1 de noviembre de 2012 en Pabellón Madrid Arena, donde cinco chicas, desgraciadamente, perdieron la vida durante la celebración de una macro fiesta de Halloween. La principal causa de esta desgracia fue el exceso de aforo que presentaba el Madrid Arena, junto con la apertura de una puerta de carga que fue usada por muchos jóvenes para acceder desde el exterior, provocando un gran alud de personas que querían escuchar de bien cerca al DJ internacional Steve Aoki.
El pasado mes de septiembre el juez Eduardo López Palop procesó a dieciséis personas por el caso Madrid Arena, incluyendo el exjefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo. Esta semana, casi coincidiendo con el segundo aniversario de la tragedia, se ha presentado el escrito de la fiscalía con las peticiones de penas referentes a cinco homicidios imprudentes graves, en concurso ideal con dieciséis lesiones, al creer que no hay dolo (artículo 77 del Código Penal, según el cual un mismo hecho es constitutivo de diferentes infracciones penales). Además, las referentes a dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional que corresponden al servicio sanitario.
Como expresa la fiscalía, Miguel Ángel Flores no actuó correctamente en el ejercicio de sus funciones, puesto que “se movió por un claro ánimo de enriquecerse, con el más absoluto desprecio a las normas elementales de cuidado y atención que le eran exigibles, vendiendo un mínimo de 22.800 entradas con el riesgo que suponía para los jóvenes asistentes; sabiendo que el aforo máximo era de 10.620 personas“. Por esta razón Miguel Ángel Flores es el procesado para quien se solicita una pena mayor, concretamente cuatro años de prisión y seis de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de empresario y organizador de fiestas.
Para los otros procesados se reclama un año menos de prisión, salvo a los encargados del dispositivo sanitario, Simón Viñals y su hijo. Para ellos se pide dos años y medio debido a dos imprudencias graves, y a la vez la inhabilitación para el ejercicio de la medicina durante seis años. La diferencia es que a estos últimos se les acusa de dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y no por cinco homicidios imprudentes graves en concurso ideal con dieciséis lesiones.
Respecto a las indemnizaciones, el fiscal solicita que el pago se haga de manera solidaria y conjunta entre todos los procesados. Las cantidades que se piden son 173.900€ para los padres de Katia Esteban, Cristina Arce, Belén Langdon y María Teresa Alonso; y 164.500€ para sus hermanos. En el caso de Rocío Ocaña se pide una indemnización de 243.587€ para sus progenitores.
Esta petición formulada por la fiscalía es bastante diferente de la formulada por los abogados de las víctimas. Estos reclaman penas de entre quince y veinte años de prisión. Concretamente, para Miguel Ángel Flores, la solicitud es de veinte años de prisión por cinco delitos de homicidio imprudente.
A la vez, desde el Ministerio Público son muy críticos con la actuación sanitaria que se desarrolló aquella fatídica noche, puesto que como dicen “se faltó a las normas más elementales de la asistencia médica y sanitaria, como por ejemplo la no utilización de un desfibrilador y el no intentar tener acceso a las vías vasculares ni administrar medicación a los heridos“; añadiendo que los dos realizaron “insuficientes y deficientes compresiones torácicas sobre las dos chicas que llegaron a la enfermería, omitiendo varias de las actuaciones indicadas para la correcta reanimación cardiopulmonar de calidad“.
En cambio, el fiscal pide el sobreseimiento de la causa respecto del exjefe de Policía Municipal de Madrid, Enrique Monteagudo; y respecto del coordinador de Seguridad de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), José Luis Rodríguez Camaño, al creer que “no hay indicios suficientes para apreciar indicios de responsabilidad criminal“.
