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El ICAB denuncia la ofensiva penal contra el derecho de huelga

Redacción.
Barcelona.

El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) se ha sumado a la campaña para denunciar la ofensiva penal contra el derecho de huelga, denominada #VAGAnoésdelicte (la vaga no es delito), impulsado por CCOO y UGT a nivel Estatal. El objetivo de esta campaña es defender el derecho de huelga y que su ejercicio no es un delito, ya que en estos momentos entre personas que ya tienen condena e imputados suman más de 125 años de prisión por incidentes producidos en el ejercicio del derecho de huelga y uso  del artículo 315.3 del Código Penal.

Dentro del marco de esta campaña, se celebró el dia 25 un debate en el Colegio de Abogados de Barcelona, para demostrar el compromiso de esta corporación en la defensa de los derechos civiles y sociales. En este acto han participado los secretarios generales de los sindicatos C.C.O.O. y U.G.T de Cataluña, Joan Carles Gallego y Josep Maria Álvarez, respectivamente, así como José María Mena, ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El acto ha sido moderado por el diputado de la Junta de Gobierno del ICAB, Vidal Masramon. También han asistido Eva Pous i Raventós y Mercè Claramunt, diputadas de la Junta de Gobierno del ICAB.

Desde el Colegio de Abogados de Barcelona se defiende el derecho a huelga y, por tanto, que la huelga no es delito. Los trabajadores y las trabajadoras son personas que hacen uso de sus derechos democráticos de huelga y manifestación con el fin de intentar defender sus derechos laborales y sociales. El ICAB también considera que tota manifestación es legítima siempre y cuando se haga de forma pacífica.

Desde esta corporación ya se criticó con anterioridad el anteproyecto de Ley Orgánica de seguridad ciudadana, porque vulnera la libertad de expresión, de manifestación y de reunión de las personas y establece como infracciones administrativas actividades propias del contenido esencial de dichas libertades.  Y representa un claro retroceso en los derechos, libertades reconocidos y conseguidos por el consenso constitucional de 1978.

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