El ordenamiento jurídico español contempla un elemento, con relevancia procesal penal, llamado aforamiento, causante de muchas preguntas, que implica que ciertos sujetos, denominados “aforados”, solo puedan ser enjuiciados por órganos jurisdiccionales determinados y distintos a los que naturalmente juzgan a quienes no están investidos con el instituto jurídico. El aforamiento condiciona el desarrollo de muchos procesos penales por implicar una alteración de la competencia judicial y un impedimento de acceder a la segunda instancia para el aforado.
El aforamiento es una figura considerada por unos como una garantía y por otros como un privilegio, que ha sido objeto de críticas en los últimos años por distintos motivos. Por un lado, por la gran cantidad de aforados que hay en España, que se diferencia de otros países de Europa como Alemania, Italia o Francia. Por otro, por el empleo que se realiza del aforamiento, que ha llegado a implicar la utilización de la condición de aforado por parte de algunos dirigentes políticos para alterar la competencia judicial renunciando al puesto de parlamentario una vez que han agotado sus opciones de que el órgano jurisdiccional competente por su aforamiento dictamine que no deben ser condenados, provocando que el proceso tenga que terminar pasando a las manos de otro órgano, que será el competente según las reglas generales.
El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha propuesto reducir el número de aforados de 17.621 a 22, haciendo alusión a una medida que iba a ser estudiada por el PP según el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. No se sabe si el anuncio del acometimiento de las reformas para rebajar la cantidad de aforados puede tomarse en serio a estas alturas, ya que el PP rechazó en el Pleno del Congreso la propuesta de UPyD consistente en suprimir más de 9.000 aforados aprovechando la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que el PP, el PSOE y los nacionalistas rechazaron eliminar el aforamiento en el año 2013, pero si la reducción del número de aforados se realizara correctamente, se conseguiría un gran logro jurídico y político.
La propuesta de rebajar la cantidad de aforados, que es muy llamativa, presenta diversos problemas de carácter jurídico y político que van a dificultar que pueda efectuarse correctamente:
1. En lo que se refiere al sentido jurídico, se plantean varias cuestiones. Es necesario tener presente que, para reducir el número de aforados, habrá que realizar diversas reformas normativas, como ya ha comentado la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Las normas principales que seria necesario modificar son:
- La Constitución Española para suprimir el aforamiento de los parlamentarios, establecido en su art. 71.3.
- La Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar la cantidad de aforados que se reflejan en las reglas sobre competencia jurisdiccional.
- Los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas, que tendrán que reformarse partiendo de un pacto político entre el Gobierno estatal y los Gobiernos autonómicos, que puede resultar complicado.
2. En lo que se refiere al sentido político, está claro que todos los partidos van a mostrar su acuerdo con la propuesta de suprimir aforados ante los medios de comunicación, como ya han hecho miembros del PP y del PSOE, aunque, en algún caso, se le ha dado más importancia a la reforma de los procedimientos judiciales. Algunas agrupaciones políticas, como IU y como el PSOE en Castilla-La Mancha, están dispuestas a llegar mas lejos y han puesto sobre la mesa la opción de reducir el número de aforados hasta que no quede ni uno. Sin embargo, habrá que esperar para ver lo que se piensa en realidad dentro de los distintos partidos políticos y para comprobar si existe, por parte de los dirigentes públicos, un interés real en rebajar la cantidad de personas que están investidas con el aforamiento o si, por el contrario, únicamente desean mejorar su imagen ante la opinión pública.
Los problemas jurídicos y políticos existentes terminarán provocando, probablemente, que no se lleve a cabo la reducción del número de aforados y que los máximos dirigentes de los principales partidos políticos acaben echando flores a su formación mientras critican a los rivales políticos. Entonces, la polémica estará servida.