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El pleno del CGPJ elige mañana al presidente de la Audiencia Nacional

Consejo General del Poder Judicial.
Madrid.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá mañana al nuevo presidente de la Audiencia Nacional, cargo vacante desde el nombramiento el 20 de diciembre de 2013 de Ángel Juanes como vicepresidente del Tribunal Supremo.

El órgano de gobierno de los jueces nombrará asimismo a otros diez cargos judiciales: los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Galicia, los de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y los de las Audiencias Provinciales de Valladolid, Madrid, Cáceres, Castellón y Albacete.

Además, elegirá a un magistrado para la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de entre la terna propuesta por el Parlamento de esta Comunidad Autónoma.

La semana pasada, la Comisión Permanente elevó al pleno, por unanimidad y sin orden de preferencia, las seis candidaturas presentadas a la presidencia de la Audiencia Nacional.

Los aspirantes son el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa; el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y actual juez de enlace en Francia Juan Pablo González; el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Javier Martínez Lázaro; el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, José Ramón Navarro.

En el orden del día figura también el debate y votación de dos propuestas de informe a sendos Anteproyectos de Ley remitidos por el Gobierno.

La primera de ellas, redactada por el vocal Gerardo Martínez Tristán, se refiere al Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

La segunda, que tiene como ponentes a los vocales Wenceslao Olea y María Victoria Cinto, es relativa al Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

El texto que debatirá el pleno jueves considera que los términos de justificación de la intervención de los poderes públicos son excesivamente amplios y recomienda adecuarlos a los límites constitucionales del concepto de seguridad ciudadana.

También cree excesivamente amplio el deber de denuncia establecido en el Anteproyecto y estima más adecuado circunscribirlo a hechos que supongan una perturbación cierta de la seguridad ciudadana o de los que pueda concluirse racionalmente que la producirán, sin que baste la mera sospecha o la posibilidad.

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