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El ICAB rechaza el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales

Colegio de Abogados de Barcelona.
Barcelona.

El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) rechaza frontalmente el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales porque no garantiza la calidad en los servicios que se prestarán al ciudadano. Por ello, el Colegio ha presentado alegaciones a este texto, aprobado por el Consejo de Ministros, el pasado 2 de agosto, en defensa de las garantías que deben recibir las personas que soliciten un servicio a un profesional.

El ICAB se opone al anteproyecto porque diferencia a los abogados en función de la tarea que realizan (si van a juzgados o no) y porque supone la finalización de la colegiación obligatoria para los abogados que asesoran pero trabajan por cuenta ajena. “Los abogados prestamos servicios a los ciudadanos y no podemos permitir que las leyes dejen de garantizar una calidad en el servicio ofrecido por los profesionales, independientemente de la tarea concreta a realizar. El control deontológico y la formación han sido garantizados, hasta ahora, por los colegios profesionales“, afirma el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca.

El Colegio de Abogados de Barcelona es crítico también en la no obligatoriedad de los abogados de disponer de una póliza de responsabilidad civil. “Los colegios proporcionamos una póliza de responsabilidad a los abogados, al margen del ámbito de actuación“, afirma Rusca y añade: “no entendemos como una cuestión tan esencial como ésta deja de tener obligatoriedad en el anteproyecto aprobado. Se puede crear una situación de indefensión muy grande hacia las personas que no podemos tolerar, ya que el cliente es finalmente quien “pagaría ” las consecuencias de haber depositado su confianza en una persona que quizás no cumple todos los requisitos para ejercer con garantías la profesión.  Por poner un ejemplo, es como si ahora una nueva ley dijera que no es necesario disponer de seguro para conducir un vehículo”.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, presentó el anteproyecto de Colegios y Servicios Profesionales como una medida para liberalizar el mercado profesional, sin embargo, la aplicación práctica de la ley, tal como está redactada en estos momentos, uniformiza radicalmente los colegios profesionales sin respetar las competencias de la Generalitat.

El texto, además, tiene un afán intervencionista. Quiere controlar aspectos del funcionamiento interno de los colegios profesionales y no reconoce la base asociativa y social que tienen, por lo que estas corporaciones pasarán a ser sometidas al protectorado de unas estructuras burocratizadas que no han sido elegidas por sufragio universal.  Estas estructuras podrían, por ejemplo, destituir a la Junta de Gobierno de un colegio profesional elegida democráticamente o incluso disolverlo.

El anteproyecto desprecia, pues, el trabajo realizado por los colegios profesionales, que tienen experiencia y han demostrado eficacia en las funciones que le han sido encomendadas y que, además, son corporaciones reconocidas explícitamente en la Constitución española.

Ante el argumento “de modernizar los colegios profesionales” que citó De Guindos para impulsar el anteproyecto, el ICAB recuerda que las corporaciones profesionales llevaron a cabo un intenso proceso de “actualización” y “puesta al día” con una clara vocación de servicio a la ciudadanía en la última década.  Un proceso, que se vio impulsado tras la aprobación, en 2009, de la llamada Ley ómnibus, y que fue mucho más allá de lo que exigía la normativa comunitaria.

Por ello, el ICAB insta al Gobierno  a que recoja en el texto legal final las alegaciones presentadas por esta corporación, y a dialogar con los colegios profesionales, dado que no lo han hecho durante la elaboración de un cambio normativo que los afecta directamente y que se presentó a toda prisa antes de las vacaciones (el viernes 2 de agosto por la tarde), sin dejar mucho margen de reacción, ni de tiempo para elaborar alegaciones al texto.

De acuerdo con todos los argumentos citados anteriormente, el ICAB considera que la voluntad real es desregular la actividad profesional en detrimento de los servicios que se prestan a los ciudadanos; un procedimiento que recuerda la desregulación de la Banca en España.

Por estos motivos, el ICAB, a través de la Asociación intercolegial de colegios profesionales reivindicará, junto con el resto de colegios, el importante papel que estos hacen. No se descartan movilizaciones para combatir la aprobación definitiva del anteproyecto, que supondrá la desaparición de muchos colegios profesionales.

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