Redacción.
12 de julio de 2019.
El arbitraje es una opción más ventajosa para la solución de disputas en proyectos tecnológicos por la mayor disponibilidad y especialidad de los árbitros frente a los jueces, lo que permite una mayor precisión en el análisis de la documentación que, en estos casos, es de una gran complejidad técnica.
Así se puso de manifiesto en el I Little Open que la Asociación Europea de Arbitraje organizó bajo el título Proyectos tecnológicos: Visión práctica. Negociación del contrato. Arbitraje y otros mecanismos de solución de conflictos en el Auditorio Andersen Madrid en el marco del Open de Arbitraje y en el que participó Iñigo Rodríguez-Sastre, Socio de Andersen Tax & Legal, Elena Sevila, Directora en el área de Procesal, Concursal y Arbitraje de la firma, Eric Maciá, Global Legal Manager de Minsait, Borja García, General Counsel de Iberdrola Ingeniería y Construcción, Teresa Martínez Zatón, de servicios jurídicos de contratación no financiera de BBVA, Mónica García, Directora de la Asesoría Jurídica de Auxadi, y Javier Íscar, Secretario General de la Asociación Europea de Arbitraje.
Durante la jornada, se comenzó por definir el concepto de contrato tecnológico, su objeto y sobre todo su naturaleza jurídica, cuestiones que en ocasiones pueden resultar complejas. Así lo expuso Eric Maciá quién aludió a la importancia del deber de colaboración que se establece en muchas ocasiones entre proveedor y adquirente en los contratos de tecnología y que puede tener un impacto en dicha calificación jurídica (más allá de la clásica definición como “contratos de obra” o de “servicio”).
En este punto, los ponentes convinieron en la importancia de la fase previa a la firma del contrato para minimizar los riesgos de futuras controversias y establecer qué es lo que exactamente requiere el cliente y definir las distintas etapas del proyecto de tecnología.
Teresa Martínez Zatón y Borja García explicaron que, en su experiencia, las empresas que contratan tecnología cuentan con perfiles técnicos que asisten a los departamentos jurídicos en esta fase previa y que permiten evaluar mejor las necesidades de la compañía antes de elegir un proveedor y de firmar un contrato.
Por su parte, el Global Legal Manager de Minsait (Indra) expuso que en ocasiones el objeto del contrato y la definición del mismo puede variar a medida en que lo hace el desarrollo del producto contratado, lo que hace necesario prever la posibilidad de ampliar e incluso de modificar los contratos suscritos.
Precisamente por este motivo Mónica García resaltó la importancia de establecer hitos y fases de cumplimiento en un contrato de tecnología y de documentarlos adecuadamente.
En su intervención, Elena Sevila recalcó que dichos hitos y fases de cumplimiento, al igual que la documentación que se va generando respecto de los mismos, resulta esencial de cara a un procedimiento arbitral o judicial posterior y ello a pesar de que “cada vez es más complicado encontrar la prueba del arbitraje porque los entornos de trabajo están cambiando”, según puntualizó el General Counsel de Iberdrola Ingeniería y Construcción. Así, resaltaron la importancia de firmar documentos de aceptación parcial y final del proyecto.
En cuanto a la fijación del precio en este tipo de contratos, los ponentes aludieron a la necesidad de buscar un enfoque competitivo y de tener una mínima trazabilidad del proyecto. Igualmente se hizo hincapié en la necesidad de tener en cuenta no sólo los costes del contrato en sí sino también los costes de un posterior desarrollo, actualización y/o mantenimiento del objeto del contrato.
Los participantes también analizaron la adquisición y gestión de licencias, sobre las cuales Teresa Martínez Zatón apuntó que existe una tendencia cada vez más generalizada de las empresas a adquirir licencias por uso, que un proveedor externo cede como servicio, en lugar de la compra de licencias perpetuas a las que las empresas estaban más acostumbradas, por lo que cada vez las compañías están más obligadas a trabajar con proveedores externos en determinados sistemas.
Eric Maciá confirmó esta apreciación y añadió que aunque las licencias de uso permiten una mayor celeridad en las actualizaciones, determinados servicios relacionados con las licencias pueden suponer grandes riesgos y comprometer la ciberseguridad de la empresa.
Por último, la Directora de Asesoría Jurídica de Auxadi abordó los mecanismos de resolución de disputas en proyectos tecnológicos y distinguió la conveniencia de incluir una cláusula arbitral en un contrato tecnológico en función del tipo de proyecto. Los de gran envergadura, dijo, suelen tener un componente internacional y, sobre todo en estos casos, resaltó la conveniencia de optar por el arbitraje por dos cuestiones: la especialización del árbitro, dada la complejidad técnica de estos asuntos, y la disponibilidad temporal, ya que un laudo puede tardar seis meses en dictarse mientras que un juez emite una media de seis sentencias por semana. En este punto, recalcó que para elegir institución e incluso jurisdicción hay que valorar dónde están situadas las empresas implicadas, qué parte tiene más peso, si la empresa permite negociar, etc. “Si hay tiempo y posibilidad en la negociación del contrato, es conveniente hacer una cláusula a medida que permita acudir al arbitraje”, apuntó Mónica García, quien también se refirió a la mediación como una buena opción que, además, es compatible con el arbitraje.
En este punto, Íñigo Rodríguez-Sastre valoró el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación, que promueve un modelo que trata de favorecer este tipo de resolución de conflictos, y subrayó que en el establecimiento de cláusulas de mediación hay que especificar bien los plazos temporales y poder demostrar que ha habido predisposición real de mediar.
La Directora en el área de Arbitraje de Andersen Tax & Legal, Elena Sevila, comentó que las Instituciones Arbitrales incluyen en la actualidad medios tecnológicos complejos en la llevanza de los procedimientos de arbitraje, pero deberían también tener en cuenta la especialidad de la materia a la hora de abordar las disputas que puedan surgir en este ámbito.