La parálisis legislativa del Parlamento estatal

Por Diego Fierro Rodríguez.

Han transcurrido más de seis meses desde que se aprobó por el Parlamento estatal la última norma legal. Siguen desarrollándose actividades parlamentarias, pero sin contundencia. Hay debates, aunque no es posible observar que haya iniciativas con mucha fuerza política que puedan tener éxito.

En el presente momento se están padeciendo las consecuencias de lo que podría considerarse una auténtica parálisis legislativa. No se están aprobando normas legales por las vicisitudes ocasionadas por las elecciones generales del día 20 de diciembre de 2015, que implantaron en el panorama político español una configuración parlamentaria compleja y que está dificultando la creación de un nuevo Gobierno, pero las circunstancias y la cesación de la actividad legislativa estatal no están perjudicando a la sociedad.

Parece que la situación actual constituye un período de tranquilidad legislativa que tiene muchas ventajas y escasos inconvenientes. No se están aprobando nuevas normas legales a una velocidad brutal y este hecho hace que pueda haber tranquilidad para todos los operadores jurídicos, que pueden trabajar con serenidad y sin miedo a que el contenido de una norma que deben aplicar un día sea opuesto al de la misma norma en el día siguiente.

Es cierto que pueden ser necesarias algunas reformas legales para mejorar las condiciones de la ciudadanía. Sin embargo, debe tenerse presente que, si después de más de cuatro años no se han aprobado modificaciones legales con fines sociales, puede esperarse más tiempo, ya que, en cualquier caso, la realización de reformas normativas con fines sociales pueden no tener utilidad real, siendo llamativo que siempre estará presente el postureo legislativo para alterar las leyes consiguiendo que no cambien las circunstancias.

Hay que disfrutar de la tranquilidad legislativa que hay en el presente momento. Cuando se produzca el despertar de los entes legislativos, los operadores jurídicos podrán volver a sufrir los efectos de la producción normativa exagerada que se ha ido consolidando en España durante los últimos años.