Redacción.
ASPAC, la Asociación Profesional de Administradores Concursales en España considera que los últimos cambios legislativos en materia concursal han agravado los problemas del sector y supondrán la desprofesionalización del mismo y un peor sistema de la insolvencia, alejado del entorno europeo. La gran incertidumbre generada está teniendo como consecuencia una menor garantía de la recuperación del crédito por parte de los acreedores y un daño a la economía.
En apenas diez meses, el legislador ha reformado tres veces la Ley Concursal sin tener en cuenta la postura de los expertos del sector (9/2015, de 25 de mayo; 25/2015, de 28 de julio; y 40/2015 de 1 de octubre). ASPAC valora como desafortunados varios artículos como las modificaciones operadas en el sistema de designación de la administración al optar por la designación mediante lista secuencial, la imposición a la administración concursal de costes que no le corresponden (tales como la tasación de inmuebles –art. 94.5 LC- y valoración unidad productiva –art. 149.1.1ª LC-) o la aportación al fondo de garantía arancelaria de sus honorarios (art. 34 ter y quáter LC).
Sobre el acceso a la profesión, ASPAC considera que los cambios en el examen de aptitud profesional previsto permitirá la selección de profesionales sin limitación, lo que dará lugar a que en la lista haya muchos más de los necesarios –además de poco especializados- para tramitar los concursos. Según datos de la Asociación, en la actualidad hay 9.000 administradores concursales en las listas para una media de 6.084 concursos al año.
Sobre la limitación de la retribución del administrador concursal, ASPAC entiende que debe ser justa y proporcionada al trabajo y responsabilidad exigible. No obstante, la limitación retributiva y las cargas impuestas –tasación de inmuebles, valoración de unidad productiva y aportación al fondo de garantía arancelaria de sus honorarios- son para la Asociación, “totalmente injustas y desproporcionadas”.
Alegaciones a la propuesta de Desarrollo Reglamentario
ASPAC ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones la oposición a estos artículos y por ello ha enviado un documento de propuestas y alegaciones al legislador respecto a la propuesta de Desarrollo Reglamentario del Estatuto de los Administradores Concursales que todavía sigue negociándose. Además, ha acordado el sometimiento a informe de expertos la posible inconstitucionalidad de ciertos aspectos como el régimen transitorio de acceso a la listas (por quien en la actualidad ya lo es), la imposición de costes de informes de tasación de inmuebles y valoración de unidad productiva, la aportación al fondo de garantía arancelaria y el eventual desarrollo reglamentario en aquellos aspectos que tengan reserva de ley.
Luis Martín, Presidente de ASPAC, señala que “el objetivo del concurso de acreedores es el reequilibrio económico de quien se halle en situación de insolvencia, asegurando la viabilidad de las empresas y los puestos de trabajo que ello supone. Se trata de un proceso en muchas ocasiones farragoso, debido a la limitación de medios humanos y materiales de los juzgados mercantiles. En vez de atajar problemas como estos, los últimos cambios legislativos no han hecho más que dificultar el trabajo en los concursos, limitando de manera notable la calidad de los servicios prestados. Las reformas en marcha presagian la muerte de la administración concursal profesionalizada”.
