Han pasado casi dos años desde que escribí en esta casa sobre las enormes deficiencias que envolvían tanto al Máster como al examen estatal de acceso a la abogacía.
El tiempo da y quita razones. Desgraciadamente, el paso del mismo ha acabado dándolas a aquellos que, desde el primer momento, denunciamos una serie de deficiencias que han sumido estos Másteres en un obstáculo más de índole económico que académico. Son muchos los estudiantes que han hecho constar su decepción por los vaivenes de los programas del Máster (por culpa de los bandazos del Ministerio) y la sensación que el dinero invertido, que oscila desde los 1.500 euros en el mejor de los casos hasta los 26.500 euros, está siendo solamente una tasa a abonar para ser abogado y no una inversión en una formación práctica de calidad.
En primer lugar, los planes de estudio se enfocaron erróneamente hacia un estudio general de los cuatro órdenes jurisdiccionales. De este modo, en muchas universidades públicas no se ha permitido que los alumnos pudieran especializarse de verdad en aquellas materias que les hayan resultado más atractivas a lo largo del Grado. Por el contrario, los estudiantes han visto cómo gran parte de la formación que se les ha proporcionado ha sido más propia de un quinto año de carrera o incluso una revaluación de contenidos y/o asignaturas del Grado en Derecho. Y es que la idea de un Máster no es ofrecer una formación generalista como un Grado sino que su propia idiosincrasia va destinada a proporcionar un conocimiento específico en una materia.
En segundo lugar, las universidades públicas no han sido capaces de ofrecer las plazas necesarias para satisfacer la demanda existente. Si bien hay que reconocer un aumento de plazas estos años en universidades catalanas como la UAB o la UB, éste aumento ha seguido siendo insuficiente hasta el punto de que, por ejemplo, un centenar de personas no hayan pasado el corte final en la Universidad de Barcelona. ¿Es éste el filtro que queremos imponer para reducir el número de abogados en nuestro país?
Finalmente, no queda otra que hacer hincapié en el cúmulo de despropósitos en el que ha entrado el Ministerio de Justicia con el retraso de la convocatoria del examen además de sus constantes cambios de criterio y de temario a última hora. Si a los alumnos se les exige un esfuerzo extra con la preparación de un temario para pasar un filtro de Estado, lo mínimo que se puede exigir al Ministerio es que no les ponga en una encrucijada año tras año.
Es triste que, tras dos años de experiencia, la única mejora destacable sea la eliminación (sólo para algunos alumnos) de la obligatoriedad de acudir a Madrid para realizar el llamado “MIR” de los abogados.
Frente a esta única mejora, quedan aún muchas preguntas en el aire como:
¿Por qué no se apuesta por establecer sedes de examen a nivel provincial?
¿Es razonable que los alumnos deban esperar más de medio año desde que acaben el Máster hasta que puedan colegiarse como abogados?
¿Por qué no hay dos convocatorias anuales de examen? ¿Es razonable que un estudiante que no supere el examen de acceso deba esperar un año más para ejercer como abogado?
Preguntas lógicas las cuales, tras más de dos años de la entrada en vigor de la Ley, siguen quedando en el tintero. Una cruda realidad que nos ha deparado la Ley 34/2006, una especie de arancel del sector público para el ejercicio de una actividad privada. Una ley que, en contra de todo principio general, ha sido el principal acicate de la inseguridad jurídica de los futuros abogados.
A todo ello, nos encontramos ante unos estudiantes que, finalizado el Máster, ni son abogados ni tampoco parece que hayan sido preparados concienzudamente para el ejercicio de la profesión tal y como proclamaban a los cuatro vientos los defensores acérrimos de la Ley de Acceso. En definitiva, es hora de preguntarnos si estamos frente a los nuevos “ni-nis” de la abogacía.
Andreu Marin
Politólogo y jurista. Ha ostentado el cargo de Jefe de Opinión en El Jurista.
