Según la convocatoria que publica hoy el BOE se constituirán seis comisiones evaluadoras en diferentes comunidades autónomas, entre ellas Catalunya, de forma que los aspirantes catalanes no tendrán que desplazarse a Madrid, tal y como ocurrió el año pasado.
El Consell impugnó la convocatoria del año pasado y reclamó la descentralización de la prueba en repetidas ocasiones, la última de las cuales fue con motivo de la visita del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la sede Consell, el pasado 18 de diciembre. Ese día, el presidente de la Abogacía Catalana, Abel Pié, entregó al ministro un pliego de propuestas que incluía la petición de que la prueba se pudiera hacer en Catalunya y en catalán. Respecto a este último punto, la convocatoria del BOE no especifica la lengua en que estarán redactadas las preguntas, por lo que el Consell pedirá al Ministerio de Justicia que especifique la opción de tener las preguntas redactadas en las lenguas cooficiales de cada Comunidad Autónoma.
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En cuanto al contenido del examen, la convocatoria 2015 mantiene el modelo de prueba tipo test del año anterior, por lo que la Abogacía Catalana también solicitará al Ministerio que incluya entre las preguntas temas del Derecho propio de Catalunya, especialmente en los ámbitos civil y administrativo.
El presidente del Consell, Abel Pié, ha manifestado su satisfacción por el hecho de que el Ministerio haya escuchado la petición de la Abogacía Catalana ante el “agravio” que supuso el año pasado, para los graduados en Derecho catalanes, tenerse que desplazar a Madrid para hacer la prueba, obligatoria para acceder a la profesión. “Valoramos el talante dialogante que nos está demostrando el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, con esta y otras propuestas que le hemos hecho llegar desde la Abogacía, como la de sacar adelante una Ley de Segunda Oportunidad u otros temes que estamos negociando”, manifestó Pié, para añadir que “esperamos poder ir limando diferencias y que próximamente el ministro anuncie la tan esperada reforma de la Ley de Tasas Judiciales, que impide el acceso a la Justicia a muchos ciudadanos”.
