El Grupo de Abogados Jóvenes (GAJ) del Colegio de Abogados de Barcelona se ha concentrado esta tarde junto a Joves Advocats de Catalunya y los representantes de los Grupos de abogados jóvenes de Figueras, Girona, Granollers, Lérida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Terrassa, Tortosa, y Vic para protestar por la actual redacción del proyecto de Ley de Justicia Gratuita, pero también por la ley de servicios y colegios profesionales, la ley de seguridad ciudadana, la ley de jurisdicción voluntaria, y la ley de tasas.
En este sentido, la abogacía joven catalana alerta de que en la última legislatura se está produciendo una vorágine legislativa en el marco de la Justicia que atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre todo respecto a su derecho a la tutela judicial efectiva y a otros derechos que se desprenden. Por este motivo, durante el acto de protesta se ha procedido a la lectura de un manifiesto en contra de todas estas futuras normas.
En este texto manifiestan el rechazo a la redacción actual del proyecto de ley, presentado por el Ministro de Justicia, sobre la futura reforma de la Justicia Gratuita y le instan a que mejore el servicio prestado al ciudadano consensuando un nuevo texto con los letrados a través los colegios de abogados y de consumidores y usuarios.
También defienden el papel primordial de los colegios profesionales, por lo que denuncian que la propuesta de Ley de Servicios Profesionales degrada los colegios profesionales y olvida la tarea de garante de derechos y de calidad respecto a los ciudadanos. Por eso piden a los ministros de Economía y de Justicia que elaboren un nuevo texto con el consenso de los colegios profesionales, garantizándoles medios económicos para las prestaciones de servicio público que realizan y reconociendo su papel histórico y futuro como ejes vertebradores de la sociedad y como garantes de calidad, formación y empleo respecto de sus profesionales.
En relación al proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, aprobado recientemente, se considera que crea un régimen jurídico previo a la Constitución de 1978 y una restricción de derechos propia de un estado autoritario, que impide las expresiones democráticas y legítimas de los ciudadanos como son el derecho de expresión, el derecho de reunión o el derecho de manifestación y crea multas desproporcionadas por algunas penas previstas en el Código Penal para delitos y faltas.
Los jóvenes abogados catalanes muestran también su frontal oposición al proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria. Elimina la obligatoriedad del uso de Abogado en algunos procedimientos y esto “puede causar la indefensión de los ciudadanos cuando deban actuar en un procedimiento y la otra parte disfrute de letrado o sea un profesional del derecho”, afirma el presidente del Grupo de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados de Barcelona, Esteve Grima.
Sobre las tasas judiciales estatales denuncian que los importes son desproporcionados y que comportan una grave restricción en el acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos. Además, alertan sobre el hecho de que se desconoce el importe recaudado por el gobierno central y no han sido utilizadas para mejorar la Administración de Justicia. Por ello, exigen que el dinero recaudado desde su implantación hasta su derogación sean destinados a los gastos generados por la Justicia Gratuita, así como la inmediata derogación de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre.
El GAJ de Barcelona y la abogacía joven catalana se suman de esta manera a los actos de protesta que han realizado hoy en Madrid, las Juntas de Gobierno de los 83 colegios de Abogados españoles con motivo de la finalización del plazo para presentar enmiendas a la futura ley de justicia gratuita.
