El pasado día 13 se conoció que el Ministerio de Justicia había decidido entregar la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles y de la propiedad. Se trataba de una decisión retardada, puesto que el abril del año pasado los propios registradores se opusieron por no haberse establecido las condiciones con que este cambio se tenía que producir y porque de ninguna forma se aseguraba la viabilidad de esta función por los registradores. La noticia la comunicó el propio decano de los registradores anunciando el acuerdo con el Ministerio de Justicia: “Esta asignación se produce con plena capacidad auto-organizativa del Colegio de Registradores en los aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica del Registro Civil”.
No obstante, el Ministerio asegura que este tema todavía no está cerrado después de que el decano mandase una carta a sus compañeros asegurando que “al final la decisión del Gobierno ha sido asignar el Registro Civil a los registradores”. Después del alboroto general, Justicia ha salido del paso diciendo que no hay nada cerrado, puesto que siguen abiertas las dos opciones de asignación de la gestión del Registro, bien a los registradores o bien a los secretarios judiciales. Hay una divergencia entre estas dos vertientes pero lo que es evidente es que hay que garantizar la gratuidad en las notificaciones y certificaciones para los ciudadanos y a la vez mantener más del 80% de los puestos de trabajo que actualmente están vinculados al Registro Civil. Aún así, parece ser que los registradores tienen más posibilidades de recibir la gestión.
A la vez los secretarios judiciales también han mostrado su descontento respecto de la noticia, puesto que desde el Colegio Nacional de Secretario Judiciales (CNSJ) y el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) exponen que hace un mes se les planteó la posibilidad de hacerse cargo ellos del Registro Civil, razón por la cual han pedido que se aclare la situación. Desde el propio CNSJ defienden que ellos entregaron una propuesta muy fundamentada defendiendo que el secretario público era el empleado más indicado para gestionar el servicio público del Registro Civil.
Como era de esperar las reacciones no se han hecho esperar, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), que es el sindicato mayoritario en el sector judicial, lo ha calificado como una “operación de privatización”, exponiendo que “esta decisión va en detrimento de un servicio público y que supondrá un coste para todos los ciudadanos, que todavía no se puede cuantificar, tanto en trámites como inscripciones o certificados que hasta ahora eran gratuitos”. En cambio, el Ministerio de Justicia lo ha descartado por completo. Además, el CSI – F advierte que “esta decisión hace peligrar la situación laboral de más de 3.500 funcionarios de todo el estado español”.
Asimismo, el portavoz del SISEJ, Rafael Lafuente, se ha mostrado sorprendido por el hecho que el Ministerio “subaste” este servicio entre dos ámbitos muy diferenciados, razón por la cual ha pedido que el Ministerio se posicione rápidamente. Comenta que les preocupa que se vaya acercando la entrada en vigor de la reforma del Registro Civil (el próximo julio) y que el Ministerio todavía no tenga la decisión tomada.
