La Abogacía catalana rechaza totalmente el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros.
Financiación
La Abogacía catalana considera manifiestamente injusto este proyecto de ley porque cubre con fondos públicos a personas que pueden tener suficientes recursos económicos, en un contexto de recortes generalizado. De esta manera queda en entredicho la efectiva igualdad en la defensa de los derechos de los ciudadanos.
El texto aprobado no garantiza la financiación pública suficiente para el mantenimiento del sistema. En este sentido, cabe recordar que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, afirmó que las tasas judiciales servirían para contribuir a pagar la justicia gratuita, pero los datos del propio ministerio demuestran que esta medida recaudatoria no ha alcanzado las cifras previstas ni se está utilizando para sufragar el coste de este servicio. Igualmente, la abogacía catalana se opone a que se justifique el cobro de las tasas judiciales para sufragar la justicia gratuita.
Burocratización del sistema del Turno de Oficio
El proyecto de ley mantiene una duplicidad en la tramitación que supone un gasto público innecesario. El 95 % de las resoluciones de la abogacía catalana son ratificadas por la Administración y mantener este sistema supone una doble estructura que dilata inútilmente el reconocimiento definitivo del derecho a justicia gratuita.
Por tanto, las cargas burocráticas no buscan la calidad del servicio, sino todo lo contrario. Con esta medida el Ministerio de Justicia muestra la falta de sensibilidad hacia un servicio público esencial como es el Turno de Oficio.
El proyecto además, desprecia el papel de los Colegios de Abogados y da más fuerza a estructuras burocratizadas que generan unos costes innecesarios y anticompetitivos; hechos que son considerados “inaceptables” por el Colegio de Abogados de Barcelona. “Esta mayor burocratización del sistema actual de gestión del Turno de Oficio nada aportará a la mejora del servicio”, denuncia el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, y añade: “no se aprovecha la reforma para hacer más racional y eficiente el sistema para el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita y termina cargando al abogado con obligaciones burocráticas que no aportan calidad al servicio”.
Pérdida de competencias
El proyecto invade competencias autonómicas, pretendiendo ser extremadamente centralizador, lo que podría conllevar una rebaja del 30 % de los módulos de pago del Turno. Unos módulos ya históricamente infravalorados y que supone menospreciar el trabajo profesional y de calidad que prestan en Catalunya 6.800 letrados.
El presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Miquel Sàmper, exige “un frente común de toda la abogacía catalana con la Generalitat de Catalunya para evitar que invadan sus competencias y para defender y dignificar la importante tarea de los abogados que prestan el Turno de Oficio“.
La abogacía catalana considera inaceptable que no se respete la labor de los abogados que prestan el servicio y al mismo tiempo que se limite la libertad e independencia del criterio del abogado en su ejercicio. Por este motivo Rusca opina que “es injusto e indignante que la redacción de la Ley de justicia gratuita prevea que sea el abogado quien tenga que asumir los costes de una defensa que muchas veces es prácticamente imposible y aún más improbable su cobro al encontrarse el cliente en paradero desconocido. Este menosprecio hacia el trabajo del abogado de oficio va en detrimento del servicio al ciudadano que ve malversado su acceso a la justicia“.
Los abogados catalanes consideran intolerable que en la elaboración del texto no se haya tenido en cuenta su opinión, ya que son los profesionales que prestan el Servicio del Turno de Oficio y, por tanto, los que mejor conocen las carencias y necesidades reales para poder ofrecer un mejor servicio y garantías de defensa a los ciudadanos.
Por su parte, el presidente de Consell de l’Advocacia Catalana, Miquel Samper, cree que “la suma de las tasas judiciales, la propuesta de nueva planta judicial y la posibilidad de que un abogado de oficio adscrito al turno de un colegio situado a cientos de kilómetros del domicilio del justiciable disuelven por completo la tutela judicial efectiva, y descabeza lo poco que nos queda del Estado de Derecho. La situación en que queda la justicia en España es sencillamente injusta para todos españoles“.
Por este motivo, la Abogacía catalana presentará propuestas de modificación del texto y no descarta movilizaciones y medidas de protesta al respecto.
