3 de diciembre del 2010. La tensión laboral entre AENA y los controladores estalla y la primera decide cerrar el espacio aéreo español, causando un caos en todos los aeropuertos en pleno puente de diciembre. Poco después, el Gobierno militariza el servicio de los controladores, cuyos puestos pasan a ser ocupados por militares del Ejército del aire. Éstos son acusados de dejación de funciones y de fingir conjuntamente estar enfermos para no cumplir con sus obligaciones. Y hasta aquí la historia oficial.
La popularidad del colectivo de los controladores aéreos se vio seriamente dañada a raíz de esta crisis, pues a pesar de los intentos del portavoz de su sindicato, César Cabo, por defender en tertulias televisivas su postura, la versión mayoritaria les seguía considerando unos privilegiados (pues en todo el conflicto también mediaba una reducción sustancial de sus sueldos, muy elevados en comparación con otros del mismo sector) que abusaban de su derecho a la huelga para mantener sus privilegios a costa de colapsar el país entero.
A su vez, se iniciaban decenas de procedimientos contra ellos, entre ellos penales, que son los que interesan al caso. En un primer momento hubo unos 600 imputados, pero tras tres años la mitad han visto sobreseídas sus causas, sin siquiera llegar a juicio oral, y la otra mitad siguen en esa situación a la espera de un destino parecido al de sus compañeros.
Pero, ¿qué dicen las resoluciones judiciales al respecto? El auto dictado en 16 de abril de 2013 por el juez Vázquez Taín al respecto de los hechos acaecidos en el aeropuerto de Santiago es ilustrativo de las tesis de su defensa. En él se remarca la importancia para la seguridad del tráfico aéreo de respetar los horarios fijados por ley para los controladores, jornada que se prolongó a lo largo del año más allá de lo establecido y que, por tanto, cuando abandonaron sus puestos, ya habían cumplido con creces.
No obstante, no todos los Juzgados y Tribunales están siendo favorables a retirar la imputación a los controladores. A modo de ejemplo, se podría citar el Auto de la Audiencia Provincial de Bizkaia 700/2011, que asegura que no puede sostenerse una falta de relación causal entre la actuación de los controladores de Bilbao con la paralización del tráfico aéreo del aeropuerto, los cuales llevaron a cabo una protesta coordinada que les llevó a desatender voluntariamente las funciones propias de su puesto, hechos que no son controvertidos y ni tan sólo el USCA (sindicato de controladores) niega, que ha defendido lo legal y legítimo de tal protesta. Este mismo auto pone en duda que al mismo tiempo y por el mismo motivo se produjera una repentina disminución de la capacidad psicofísica de éstos para el desempeño de sus funciones, consecuencia de un estado de ansiedad y nerviosismo.
Sigue, en definitiva, siendo una cuestión polémica, aunque desde una situación inicial de total culpabilidad se está llegando a su exculpación, al menos judicial. En el próximo artículo se analizará cómo los Tribunales han fallado respecto a la responsabilidad patrimonial de la Administración por dicha crisis.
