La tormenta política parece acabar de empezar en España. La renovación del Consejo General del Poder Judicial es un quebradero de cabeza que lleva años minando las relaciones entre los grandes partidos de la vida política española. Aunque los últimos días han servido para llegar a un acuerdo, las aguas no son tranquilas.
La polémica viene provocada por la especial parcialidad de algunos de los miembros escogidos, lo cual es aprovechado por los detractores de este sistema de elección (en principio por Congreso y Senado en su mayoría pero en la teoría en un puro pacto partidista) para criticarlo.
El primer nombre es Francisco Gerardo Martínez Tristán, el nombre que peor ha llegado a ciertos sectores de la izquierda política: aunque es el futuro miembro juez del Consejo más votado en la elección del martes (303 votos), Tomás Gómez tachó que el PSOE aceptara su nombramiento de inaceptable y amenazó con dejar el escaño de senador que ocupa. ¿El motivo? Que el propio PSM recusó a este juez por parcial al conocer este del recurso contra la privatización de la sanidad madrileña. ¿Y por qué ha aceptado el PSOE este nombramiento? Por una regla que tanto este partido como el PP se impusieron una vez recobradas las conversaciones: que ninguno de los dos vetara un candidato del otro.
El pacto no ha sido por completo cosa de los dos grandes, sino que tanto IU, CiU y PNV han aceptado pactar los 4 juristas de reconocido prestigio, pacto por el cual estos 3 partidos podrán tener a un propuesto en el Consejo. Por su parte, Unión, Progreso y Democracia ha considerado este pacto de indecente, y ha anunciado la voluntad de recurrir el acuerdo al TC, mediante amparo contra la votación parlamentaria y pidiendo una impugnación a la Defensora del Pueblo.
Poco recorrido parecen tener estas intenciones, pero sólo el tiempo nos dirá si esta elección del CGPJ por cuotas soporta las mínimas exigencias de la separación de poderes o si el peso de UPyD acaba modificando este sistema.
