Después de meses de instrucción, las partes personadas en caso de las ayudas a la cooperación ya han presentado sus peticiones de pena para el todavía diputado popular a las Cortes Valencianas Rafael Blasco. El ex-consejero está acusado de desviar fondos públicos destinados al desarrollo del Tercer Mundo, unos 8 millones de euros que acabaron sirviendo para comprar pisos en Valencia.
La mayoría de las partes imputan a Blasco delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental, y se solicitan para él 11 años de prisión y 31 de inhabilitación, por parte de la Abogacía de la Generalitat, y 14 años de prisión y 33 de inhabilitación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
No sólo Blasco ha salido de este trámite con una petición de penas tan graves, sino que también se solicita prisión e inhabilitación para Alexandre Català (ex subsecretario de la Consejería de Solidaridad), para Josep Maria Felip (ex director general de Cooperación), Tina Sanjuan (ex secretaria general administrativa), Marc Llinares (ex jefe del área de Cooperación), Xavier Llopis (ex jefe de gabinete de Blasco), Augusto César Tauroni (responsable de la red corrupta), Marcial López (presidente de Cyes, la fundación que recibió las subvenciones que finalmente no llegaron a Nicaragua, su destino) y Josefa Cervera, su pareja.
La mayoría de los nombres antes mencionados formaban parte de la Consejería de Cooperación, encabezada en su momento por Rafael Blasco, pero también se encuentra implicado en el caso Tauroni, el cerebro de la trama corrupta y que profirió unas amenazas, en una conversación grabada por el juez, hacia la diputada de la Coalición Compromiso, Mireia Mollà, que denunció en octubre del 2010 este escándalo y que forma parte de un partido que, junto con el PSPV (también acusación popular) y EUPV se ha encargado de investigar y destapar casos de corrupción como este. En la conversación, César Tauroni sugirió a su abogado incluso violarla.
Las penas pedidas por parte de la Abogacía de la Generalitat para todos estos acusados van de los 5 a los 11 años de prisión, con otros tantos de indemnización; penas un poco inferiores que las pedidas por la Fiscalía Anticorrupción y por el PSPV-PSOE, que ha pedido concretamente 15 años de prisión para el que fue consejero de la Generalitat y que probablemente, por la personación de esta en el caso, deje de ser incluso parlamentario popular muy pronto.
