Redacción.
La CNMC, a solicitud del Ministerio de Justicia, ha emitido el informe sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales (IPN/CNMC/004/18) en el que analiza las nuevas medidas que plantea el Ejecutivo para reformar el acceso y ejercicio de ambas profesiones.
En la nueva propuesta se unifican las vías de acceso a las profesiones de abogado y procurador, se permite que una misma sociedad profesional preste servicios de abogacía y de procura, y se reduce el montante máximo de honorarios de un procurador por un mismo proceso a 75.000 euros.
La CNMC ha valorado positivamente las reformas propuestas, pero recuerda en su informe que siguen existiendo importantes barreras a la competencia en ambas profesiones. Estas plantean dudas en cuanto a su compatibilidad con las exigencias de la Directiva Europea de Servicios y los principios de buena regulación vigentes en nuestro país.
Las principales observaciones de la CNMC son las siguientes:
- Pese a que existirá un único título profesional para ser abogado y procurador, se mantiene la incompatibilidad de ejercicio de ambas profesiones, de modo que un abogado no podrá realizar funciones de procura, o viceversa.
- El cambio de una profesión a otra se verá lastrado por la exigencia de colegiaciones separadas para cada una. Todo esto restará eficacia liberalizadora a la reforma.
- Los procuradores mantendrán la exclusividad para las funciones de representación técnica y los actos de comunicación a los Tribunales. Asimismo, la CNMC considera que estas reservas no están justificadas por una razón imperiosa de interés general.
- La reforma permitirá que las sociedades profesionales (despachos, por ejemplo) puedan estar integradas por abogados y procuradores. Debe evitarse que la pertenencia a estas sociedades imponga a los abogados las incompatibilidades profesionales que existan para la procura.
- En la actualidad, los procuradores cobran por un sistema de aranceles, bajo el que solo se les permite efectuar un descuento sobre el arancel regulado para cada supuesto. La propuesta prevé una futura reforma de este sistema para acercarlo a la libertad de precios que ha sido defendida por la CNMC. Sin embargo, la propuesta no aborda dicha reforma y solo concreta la reducción de la cuantía máxima que un procurador puede percibir por asunto.
