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Alonso y Castro abordan con Eduardo de Porres la mejora del ejercicio del derecho de defensa

Redacción.

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, trasladó ayer al presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Porres, las propuestas de la Junta de Gobierno para facilitar la labor de la abogacía madrileña en el ejercicio de la profesión. Acompañado por la vicedecana del Colegio, Begoña Castro, el decano ha transmitido al presidente de la Audiencia Provincial una serie de medidas destinadas a fortalecer el ejercicio del derecho de defensa

Entre otras cuestiones, el Colegio ha propuesto que se valore la posibilidad de que los letrados puedan acceder de forma telemática a las actuaciones judiciales, especialmente cuanto se trate de causas de cierta complejidad, y se ha solicitado la colaboración del presidente de la Audiencia para que se autorice el acceso de los letrados a los centros penitenciarios con medios electrónicos.

1.De izquierda a derecha, José María Alonso, Eduardo de Porres y Begoña Castro en la sede de la Audiencia Provincial de Madrid.

De izquierda a derecha, José María Alonso, Eduardo de Porres y Begoña Castro en la sede de la Audiencia Provincial de Madrid.

En el ámbito de la Asistencia Jurídica Gratuita se han planteado una serie de medidas para mejorar las designaciones de Oficio, como facilitar a los letrados que son designados la obtención de copias del procedimiento en fechas próximas a la celebración de la vista.

En aras del correcto ejercicio del derecho de defensa, los representantes de la abogacía madrileña han propuesto que las conducciones de presos se lleven a cabo con antelación suficiente a la celebración del juicio, y se ha solicitado que un representante del Colegio pueda asistir a la Comisión Provincial de Policía Judicial, presidida por Eduardo de Torres

También se ha planteado la necesidad de reforzar la interlocución y coordinación entre el Colegio y la Audiencia Provincial de Madrid para facilitar las actuaciones de los letrados en Sala, así como mantener un canal permanente de comunicación con la presidencia para elevar las cuestiones detectadas por los abogados en su ejercicio profesional que puedan ser susceptibles de adopción de acuerdos de unificación de doctrina.

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