El conseller de Justícia, Germà Gordó, el presidente de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, y el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Miquel Sàmper, han firmado hoy un acuerdo marco de colaboración para la creación de puntos de orientación jurídica municipales. El Convenio tiene como objetivo establecer puntos de orientación jurídica municipales destinados a los usuarios de los diferentes municipios de la demarcación de Barcelona, para atender consultas derivadas de la situación de crisis o relativas a los cumplimientos contractuales y en las hipotecas de vivienda, así como para prestar servicios de atención a la mujer, entre otras.
El Acuerdo permite la implementación de puntos de atención jurídica, prestada por los colegios de abogados, en diferentes municipios de la provincia de Barcelona, que se destinarán a los usuarios de los servicios sociales con el objetivo de proporcionarles un primer consejo orientador y gratuito relativo a aspectos jurídicos que puedan derivarse de la actual situación de crisis, así como de informarles de la posibilidad de recurrir a los servicios de mediación u otros sistemas alternativos de resolución de conflictos.
El objetivo del Acuerdo es que estos puntos, que financia la Diputación de Barcelona, presten información a los usuarios que se dirigen a los servicios sociales del Ayuntamiento.
Los puntos de orientación jurídica también proporcionarán información respecto a la documentación necesaria para solicitar el derecho a la asistencia jurídica gratuita, de acuerdo con las prescripciones de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita. Las personas que tengan derecho a recibir asistencia jurídica gratuita se derivarán al Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) que por territorio les corresponda. El SOJ lo prestan los colegios de abogados con el apoyo del Departamento de Justicia, que financia el coste.
Los puntos de orientación jurídica se ocuparán de consultas relativas a los derechos y deberes derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, los suministros a la vivienda, las relaciones arrendatarias y las derivadas de la compra o el otorgamiento de hipotecas de viviendas, así como del derecho de familia . El resto de cuestiones jurídicas también atenderán, sobre todo en aquellos casos en que los municipios acogedores y beneficiarios no dispongan de un servicio concreto para casos relacionados con la vivienda o la atención a la mujer.
Este servicio será llevado a cabo por los letrados designados por los colegios de abogados de cada territorio. Los abogados podrán hacer derivaciones a otros servicios como el Servicio de Intermediación para Deudas de la Vivienda (MT) y el Servicio de Orientación sobre Mediación (SOM).
Los municipios que acogerán los puntos de atención jurídica y sus áreas de influencia, así como el número de horas semanales de servicio para cada punto de orientación, serán determinados conjuntamente por la Diputación de Barcelona y los colegios de abogados, y se deberán notificar al Departamento de Justicia y al Consell de l’Advocacia Catalana.
Se constituye una comisión mixta de coordinación formada por las personas designadas por los tres organismos, que estudiará y formulará las propuestas de las actuaciones que se prevea llevar a cabo.
Este acuerdo marco será vigente desde hoy hasta el 31 de diciembre de 2015, y se podrá prorrogar anualmente. También está previsto extender estos puntos, próximamente, con el resto de las diputaciones catalanas, a lo largo del territorio catalán.
Es voluntad de los organismos firmantes acercar a los ciudadanos que lo necesiten la asistencia jurídica gratuita y los diversos servicios que prestan, a través de la creación de puntos de servicio de orientación jurídica, a los diversos municipios
