El Ministerio de Hacienda está trabajando en un proyecto para reformar integralmente el sistema tributario español. Está previsto que a lo largo del 2014 se apruebe esta reforma, por ello una Comisión de Expertos ya está trabajando en el proyecto. El Ministerio considera que la salida de la recesión es el momento más propicio para aplicar una reforma de estas características.
De momento, todavía es pronto para saber cuáles serán las implicaciones concretas de la reforma, aunque poco a poco se van publicando algunas informaciones (debemos tener muy claro que se trata de rumores y hasta que no haya un proyecto concreto, todo son especulaciones).
Al parecer, la reforma fiscal pretende reducir los tramos y los tipos impositivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). También se habla de elevar el mínimo de exención (se produciría una ampliación de los mínimos personales y familiares), esta medida supondría el cumplimiento de una de las promesas electorales del PP y una simplificación del impuesto. En este sentido, el Gobierno ha hablado de establecer incentivos para incorporarse al mercado laboral y una modificación de los tipos aplicables al ahorro. Parece que, contra las recomendaciones de la Comisión Europea, se mantendrán las reducciones que disfrutan actualmente las aportaciones a planes de pensiones privados. No obstante, es posible que el Ministerio opte por mantener la diferenciación de las ganancias patrimoniales provenientes de ahorro (rentas generadas en más de un año) y los provenientes de especulación (rentas generadas en menos de un año).
El Impuesto sobre Sociedades (IS) necesita una reforma, pues España es uno de los países de la Unión Europea con un tipo nominal vigente de los más elevados (es del 30 %), sin embargo es uno de los Estados que menos recauda. Este hecho se debe a la gran cantidad de deducciones aplicables, que benefician sobre todo a las grandes empresas. En este sentido, algunas fuentes apuntan que el Ministerio de Hacienda pretende instaurar un modelo parecido al alemán, mucho más simple y con menos beneficios tributarios. De hecho, algunas de las medidas tributarias adoptadas estos últimos meses provienen de este modelo, por ejemplo la limitación de los gastos financieros. No obstante, debemos tener en cuenta que el modelo alemán grava a las empresas mediante el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), sin tener en cuenta la dimensión de las empresas. No obstante, parece que no se adoptaría este modelo impositivo, pero sí el funcionamiento del Impuesto de Sociedades. Parece ilógico que desaparezca el régimen especial para PYMES (pequeñas y medianas empresas), pues la Ley de Emprendedores aprobada este año ha incidido en las diferencias de tributación entre las grandes empresas y las de dimensiones más reducidas.
Respecto a los impuestos indirectos, Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) e Impuestos Especiales (IIEE), parece que la reforma tiene por objetivo elevar la fiscalidad sobre el consumo. La Comisión Europea ha insistido, en más de una ocasión, que España debería modificar la clasificación de los productos sometidos al IVA reducido (10%) y superreducido (4%), pues, a su juicio, muchos deberían encontrarse sometidos al tipo general del 21%. Sin embargo, esta misma semana el ministro de Economía Luis de Guindos ha manifestado que “con el IVA no habrá modificaciones en absoluto importantes”.
Finalmente, el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) también tendrá modificaciones. De hecho, según la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se debe aumentar el rendimiento de este tipo de impuestos, pues son más eficientes y distorsionan menos la economía que otros impuestos que gravan la renta. Parece que la intención es crear un nuevo modelo de tributación patrimonial vinculado al IRPF, evitando así los problemas de tributación que actualmente presenta el IP. Además, se especula con la desaparición definitiva del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IB), a partir de 2015. Debemos tener en cuenta que este impuesto municipal fue eliminado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 y recuperado con carácter temporal para los ejercicios 2011 y 2012. No obstante, el Gobierno de Mariano Rajoy prorrogó su vigencia hasta el año 2014.
