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La Amnistía Fiscal no logra sus objetivos

Por Neus Teixidor
Madrid.

Según las informaciones proporcionadas por el Cuerpo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), menos del 3% de los activos que se calcula que no se declararon en España entre los años 2008 y 2010 han sido recuperados con la denominada “regularización fiscal” (conocida popularmente como “amnistía fiscal”). Por lo tanto, el 97% de los activos evadidos continúan estando ocultos. En este sentido, los Técnicos del Ministerio de Hacienda calculan que la economía sumergida española se cifra aproximadamente en un 23’3% del Producto Interior Sucio (PIB).

Hay que destacar que hablo de activos y no de dinero, puesto que las cantidades defraudadas pueden ser en forma de dinero en metálico depositados en cuentas corrientes, pero también en forma de acciones de empresas, participaciones en fondos de inversión (cómo por ejemplo las denominadas SICAV), inmuebles situados al extranjero o en metales preciosos (como por ejemplo oro).

La amnistía fiscal consistió en una medida extraordinaria aprobada por el Gobierno Español con el fin de recuperar las cantidades de dinero que constituían patrimonios ocultos y, por lo tanto, no habían tributado en España o lo habían hecho incorrectamente. Esta regularización fue establecida por el Real decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, que introdujo varias medidas tributarías y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Consistió en una regularización fiscal voluntaria, mediante la cual los obligados tributarios podían declarar correctamente sus impuestos sobre la renta (Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto Sobre la renta de los no Residentes) no prescritos, pagando sólo el 10% de las cantidades de defraudadas.

La citada medida de amnistía fiscal recaudó casi 1.195’6 millones de euros. Esta es una cifra muy inferior a la inicialmente presupuestada por el Ministerio de Hacienda, que calculaba recaudar alrededor de 2.482 millones de euros. Parece que la adhesión de los obligados tributarios españoles a esta medida fue poco representativa, puesto que la mayoría optaron para seguir confiando al mantener sus activos en paraísos fiscales. Una otro aspecto que podría haber desincentivado la acogida a esta medida de regularización es la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Fuente: www.puntoinversiones.com

Según GESTHA, la necesidad de presentar declaraciones complementarias del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) tampoco ayudaron a acogerse a la citada medida. De hecho, estas declaraciones complementarías no estaban sujetas a las previsiones de la amnistía fiscal ni disfrutaban de ningún tipo de beneficio, sino que se realizaban con las condiciones habituales. El cuerpo de técnicos va más allá y considera que la aprobación de la regularización fiscal supuso un desincentivo por el cumplimiento voluntario de las obligaciones. Se calcula que con declaraciones complementarias derivadas de la amnistía fiscal se recaudaron unos 350 millones de euros. No obstante, en total durante el año 2012 se recogieron 1.076 millones de euros mediante declaraciones complementarias, el que supone un 7’5% más que en el año anterior. Según GESTHA, si no se tienen en cuenta las cantidades derivadas de la amnistía fiscal, las declaraciones complementarias recaudaron 726 millones de euros, es decir, un 27’5 menos que el año anterior. Por lo tanto, se habría producido un desincentivo a las regularizaciones voluntarias mediante este tipo de declaraciones.

Por Comunidades Autónomas, la Comunidad de Madrid es la que ha recaudado más dinero. Concretamente, se han conseguido 463’7 millones de euros, el que supone un 38’8% del total recaudado. En segunda posición, encontramos Cataluña con 303’8 millones de euros (es decir, el 25’4% del total). El resto de Comunidades Autónomas han tenido una recaudación notablemente inferior. De este modo, la Comunidad Valenciana ocupa la tercera posición con la cifra de 124’2 millones de euros o un 10’4% del total. Seguidamente, encontramos Andalucía con 65’2 millones de euros (el 5’5% del total), Galicia con 44’6 millones de euros (un 3’7% del total) y las Islas Baleares con 36’3 millones de euros (el 3% del total). En este caso, tenemos que tener en cuenta que el País Vasco y Navarra no se encontraban sujetos en la citada medida, puesto que disfrutan del denominado Concierto Económico y, por lo tanto, son las propias Comunidades Autónomas las que aprueban sus normas tributarias. En este caso, los Gobiernos Autonómicos no aprobaron ninguna medida de regularización fiscal.

La mayoría de las cantidades recaudadas provienen de grandes fortunas, puesto que se estima que en España un 71’8% de la evasión fiscal proviene de grandes patrimonios de particulares y de corporaciones empresariales. Concretamente, se calcula que cada año unos 42.000 millones de euros que tendrían que tributarse en España, no se declaran. Finalmente, tenemos que recordar la relación entre el fraude fiscal de estas grandes fortunas y las elevadas cantidades de billetes de 200 y de 500 euros que circulan en España. En concreto, el Banco de España calcula que los citados billetes constituyen un 75% del efectivo total en circulación en España. La mayor o menor circulación de esta tipología de billetes responde a la demanda efectuada por las entidades financieras, que lógicamente responde a las peticiones de sus clientes. La utilización de este tipo de billetes en España responde a la preferencia por parte de algunas personas a utilizar estos billetes en vez de cualquiera otro activo financiero, pero también a la existencia de pagos en metálico sin tributar y, por lo tanto, sin control por parte de la Agencia Tributaria (este fenómeno es conocido popularmente como “dinero negro”). Durante el mes de julio de 2013, la cifra de billetes de 500 euros en circulación en España se ha situado al nivel más bajo desde agosto del año 2005. Este hecho podría asociarse a una disminución de los pagos en “dinero negro”.

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