Sesión de tardes: Segunda mesa.
Si bien cada vez son más las empresas que apuestan por el arbitraje a la hora de resolver sus disputas internacionales, no es menos cierto que todavía son muchas las sociedades que se muestran reticentes y preocupadas respecto de la institución arbitral y la figura de los Árbitros. A la identificación y tratamiento de estos “temores” se ha destinado la Segunda Mesa del Congreso, la cual ha sido moderada por Seguimundo Navarro, árbitro y socio director de la firma que lleva su nombre, y ha contado con las ponencias, por orden de intervención, de Carlos Valls, socio director del despacho de abogados Iuris Valls; Jan-Michel Ahrens, Director del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa-Infraestructures & Cities de Siemens AG en Alemaña; Peter A. Straub, árbitro y socio de Walderwyss; Caroline Bechtel, Executive Committee de la Institución Alemana de Arbitraje (DIS), y Manuel de Lorenzo, abogado y Director del Tribunal Arbitral de Valencia. Esta segunda mesa se ha realizado íntegramente en inglés, salvo una de sus intervenciones, y se ha estructurado en tres bloques temáticos diferenciados.
En un primer bloque, cuyo objeto ha sido plantear de forma genérica cuáles son esas preocupaciones, inquietudes y/o inconvenientes por parte de las empresas, ha existido una total coincidencia por parte de los ponentes. Así, más allá de las preocupaciones en relación a los costes y los plazos en este tipo de procesos, todos los intervinientes han señalado como foco de preocupación empresarial la falta de “predictibilidad” y, en ocasiones, ejecutividad, del laudo arbitral, así como la ausencia de transparencia en la institución arbitral en determinados países y las dudas relativas al nombramiento de los árbitros; inquietudes bajo las cuales subyace la preocupación por la independencia e imparcialidad de éstos.
En un segundo bloque se han analizado aquellas cuestiones relativas al procedimiento, cuestiones -muchas de las cuales- que se suscitan como consecuencia de las diferencias existentes entre la tradición jurídica del “Common Law” y la continental por lo que respecta a la figura del arbitraje internacional, con los problemas que ello comporta, principalmente, en relación con la práctica de la prueba. Asimismo, se ha alertado de las consecuencias perjudiciales que tiene la “judicialización” y el creciente formalismo de los procesos.
Finalmente, en un tercer bloque, se han abordado las posibles mejoras del sistema arbitral: ante la preocupación de los costes del proceso, la mayoría de los ponentes se han mostrados partidarios de la financiación por parte de terceros o la suscripción de pólizas de seguros que cubran gastos de defensa jurídica. Para salvar las sospechas relativas a la independencia e imparcialidad arbitral, se han insistido en la necesidad de incluir cláusulas de disclosure en los convenios arbitrales, así como garantizar la no intromisión de la Institución en la función arbitral, y contemplar la posibilidad de demandar al árbitro que renuncie sin motivación alguna. Desde un punto de vista menos técnico, pero no menos importante, se ha reiterado la necesidad perentoria de educar a los clientes acerca del medio más adecuado para la resolución de sus conflictos.
Sesión de tardes: Tercera Mesa.
Tratadas ya de forma general las preocupaciones de las empresas en torno al arbitraje internacional, en esta Tercer Mesa se ha querido poner el foco sobre la duración de los procesos, en tanto que uno de los principales “miedos” desde la perspectiva empresarial. La cuestión ha sido abordada desde el análisis de las técnicas dilatorias en el proceso arbitral, con el objeto de analizar sus límites, legitimidad y prevención. Es ésta una cuestión capital para el prestigio de la institución del Arbitraje en una economía global, ya que es habitual que en el tráfico de las grandes compañías distribuidoras de energía se concluyan cláusulas de revisión o de estabilización de precios ligadas a otros productos, lo que hace que para estas sociedades cotizadas el tiempo sea dinero. Nunca mejor dicho.
La composición de la mesa ha contado con expertos en arbitraje, tanto nacional como internacional (comercial y de inversión), y con la magistral dirección Cristian Gual, árbitro y abogado de Uría Menéndez, quien ha sabido poner sobre la mesa aquellas cuestiones más acuciantes y ordenar el turno de las intervenciones de una manera sugestiva para el auditorio.
La primera de las ponencias ha corrido a cargo de Manuel García Cobaleda, Director de los Servicios Jurídicos de GAS NATURAL, quien ha dado respuesta a la pregunta formulada por el moderador respecto al peso relativo que tiene la conducta de los operadores en el arbitraje y el comportamiento más o menos leal de éstos en sede arbitral, en comparación con la litigación judicial. Para García Cobaleda es un valor a favor del sistema arbitral que los operadores jurídicos que participan tengan una mayor honradez intelectual, una mayor fineza jurídica, motivada por la mayor interacción del árbitro con las partes y por el hecho que sus actuaciones sean on the record; lo que conlleva un mayor autocontrol por parte de éstos y que las discusiones sean menos fácticas y más sofisticadas.
La segunda ponencia ha tratado de dar respuesta a la cuestión concerniente al momento procesal en que se producen habitualmente estas prácticas y qué conductas se espera de las partes y el Tribunal arbitral. El ponente, David Arias, Presidente del Club Español del Arbitraje (CEA) y socio de Pérez Llorca, ha calificado dichas <<técnicas dilatorias>> de patologías, que acaecen como consecuencia de la inculcación del principio de buena fe procesal por parte de los operadores jurídicos. Algunos ejemplos apuntados por Arias son las dilaciones en la constitución inicial del tribunal arbitral, las recusaciones de uno de sus miembros, la no comparecencia de los letrados, las denominadas expediciones de pesca en el campo de la prueba (o fishing expeditions) o las peticiones infundadas.
Para mitigar o solventar los efectos perjudiciales que estas técnicas tienen sobre el proceso, Arias es partidario de acudir preferiblemente al arbitraje institucional, antes que a un arbitraje ad hoc; contar con un presidente del tribunal con experiencia y hacer uso del denominado soft law, como pueden ser las guidelines de la International Bar Association, para evitar las recusaciones infundadas, o las reglas de la IBA sobre conflictos de interés en arbitraje internacional.
En la tercera intervención, el ponente José Rosell, árbitro con una dilatada experiencia y socio de Hughes Hubbard, ha recogido el testigo de las anteriores ponencias y ha puesto el acento en el origen del problema que suponen las prácticas dilatorias. Para Rosell, el hecho de que muchos actores cuenten con poca o nula experiencia en arbitraje comporta que en muchas ocasiones dichos operadores tiendan a incorporar técnicas propias, la cual cosa crea una gran confusión.
Finalmente, la ponencia de Luis María Cordero, abogado y secretario del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya, ha proporcionado la visión desde dentro de una institución arbitral nacional. Para Cordero, “los abogados son el principal problema; los abogados son los primeros que no creen en el arbitraje y, por lo tanto, se hace necesaria una labor pedagógica por parte de la institución”.
