Redacción.
13 de abril de 2020.
Desde AJAIB se entiende que además de “la muy criticable forma de acordar y exponer dichas medidas, en las que no se ha contado con la opinión de la Abogacía, a pesar de que se trata de un operador esencial del sistema judicial y siendo sujeto directamente afectado por las mismas”, las propuestas adolecen de las siguientes:
- Una falta de concreción en las medidas de actuación y coordinación en la implantación del sistema de teletrabajo para todos los funcionarios.
- A pesar de pretender habilitar agosto, se ha anunciado que se mantendrán los permisos retribuidos por vacaciones, sin anunciarse ni concretarse una modificación de los turnos para cubrir por otros funcionarios esas vacantes ni anunciarse ampliación o refuerzo de la plantilla del personal para poder solventar la falta del mismo que desde hace años viene reclamándose desde los propios Juzgados y Tribunales.
- La posibilidad de dictarse sentencias “in voce” no resulta posible en todos los procedimientos judiciales sin vulnerar las garantías procesales ni la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
- La supresión de vistas o la limitación de la extensión de los escritos, al igual que hemos expuesto en el punto anterior respecto de las sentencias “in voce”, no puede aplicarse de forma generalizada ni automática, pudiendo suponer la vulneración de derechos fundamentales de los justiciables y del art. 24 de la CE, relativo a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa.
- Las medidas propuestas adolecen de ser cortoplacistas y no prever la posibilidad, ya anunciada por gran número de expertos, de que pueda existir un repunte de contagios a partir del mes de octubre, resultando en todo modo insuficientes a medio y largo plazo, no aportando por tanto soluciones reales y efectivas para combatir la crisis sanitaria en la que nos encontramos y sus consecuencias posteriores.
- La gran mayoría de medidas anunciadas por el CGPJ requieren de una reforma legislativa profunda del sistema procesal actual, lo cual no puede acometerse de manera inmediata, siendo que tampoco ha sido concretada por parte del CGPJ la forma en la que se plantea llevar a cabo.
- Tampoco se observa la posibilidad de acometer la introducción de nuevas normas de reparto o la especialización de los Juzgados de Primera Instancia en el orden civil para “desatascar” el previsible bloqueo de la Justicia sin dotar de recursos personales y materiales a la Administración de Justicia.
Así entonces, en opinión de AJAIB “en un plan de choque que, sin duda, ningunea, por el trato y también por su redacción, a la Abogacía, el CGPJ obvia cuestiones esenciales como el hacer referencia a la necesaria dotación presupuestaria que debiera implicar cualquier adopción de medidas relacionadas con la agilización de la Administración de Justicia, pareciendo, además, que desconoce por completo cuál es la realidad del día a día de la actividad judicial, pues su “atasco” ya lo venimos sufriendo tradicionalmente”.
Finalmente, desde AJAIB se defiende que “la puesta en marcha de este complejo engranaje de medidas propuestas por el CGPJ no se traduciría en una agilización de los procedimientos judiciales, sino en la disuasión a los justiciables de acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos”.
