Redacción.
19 de noviembre de 2018.
Expertos y directivos del sector sanitario han destacado este lunes que la Ley de Contratación Pública Sanitaria ha aportado avances importantes, aunque existen puntos de mejora para poder seguir afrontando los retos actuales y futuros en las mejores condiciones.
Esta es la principal conclusión a la que han llegado los participantes en la mesa ‘Directivos. Experiencias en torno a la actualidad de la gestión eficiente y transparente del sector y sus beneficios’, celebrada en el marco del ‘I Foro de la Transparencia de la Contratación Pública Sanitaria’, que se celebra en el Hospital General de La Paz, organizado por el Laboratorio de la Contratación. La mesa ha estado moderada por el director del Sector Hospitalario, Sociosanitario y Farmacéutico de ILUNION, Eusebio Azorín, quien ha subrayado la importancia de que los concursos públicos prioricen cada vez más la calidad y no solo el precio.
La subdirectora de Recursos Económicos del Hospital Universitario La Paz, Ana del Prado Catalina, ha recordado que su hospital ha sido pionero en activar los procesos de subasta y licitación electrónica, incluso antes de la puesta en marcha de la nueva ley. Eso sí, ha apuntado que, en la actualidad, la transparencia exigida triplica en ocasiones el trabajo realizado en los equipos de administración. “Publicamos absolutamente todo y hay que subirlo a diferentes webs, con un esfuerzo titánico”, ha insistido, al tiempo que ha pedido racionalizar las exigencias de la nueva ley.
El director general de Contratación, Patrimonio y Tesorería de la Comunidad de Madrid, Jesús Vidart Anchí, ha resaltado que “transparencia y eficiencia parecen ahora dos términos totalmente antagónicos, porque es mentira que hayamos quitado la burocracia administrativa”. Pese a los avances, ha indicado que la nueva ley “no es la panacea” y ha declarado que “deberíamos trabajar en una ley especial y, quien la haga, no debería estar detrás de un ordenador, sino habiendo tenido la experiencia de vivir el día a día de un servicio hospitalario”.
El director gerente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Joseba Barroeta Urquiza, ha explicado que la nueva ley conlleva grandes oportunidades, como la gestión eficiente y la compra innovadora, pero también grandes debilidades, como la falta de adaptación a la realidad sanitaria. A su juicio, la nueva ley “requiere de una planificación que no siempre es posible, puesto que cuando el producto es de hoy para mañana a veces no hay capacidad de respuesta. No siempre tenemos capacidad de planificar”.
Acto seguido, el director de Comunicación del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), Fernando Mugarza, ha asegurado que la calidad, la innovación y la responsabilidad social empresarial son los tres principales puntos que enmarca la nueva ley. “El espíritu del texto legal debería ser el de impulsar y estimular la calidad, un factor fundamental”, ha añadido.
En el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial, ha destacado que es fundamental que este criterio esté presente en los pliegos que se trabajen en futuras licitaciones y concursos, porque “es la única forma de cumplir con la normativa 2020”.
Por su parte, el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, ha aprovechado el turno de preguntas para afirmar que “no es lógico” estar hablando de una ley relativa a los contratos cuando no se tiene un presupuesto real de la Administración. “Si no empezamos por poner el marcador a cero, empezando a dotar con suficientes recursos al sector, todo lo demás es muy complicado”. Además, ha lamentado que todavía siguen publicándose muchos pliegos con criterios donde el precio es el principal marcador de la toma de decisiones.
Trasparencia y confidencialidad
Posteriormente, ha tenido lugar la mesa ‘Juzgados, Tribunales, Abogacía y Organismos de Control. Visión sobre la nueva Ley de Contratos’, que ha estado moderada por la responsable de Asesoría Jurídica en el Hospital Infanta Cristina, Natalia Hormaeche, y en la que se ha abordado el concepto de transparencia desde el punto de vista jurídico.
El letrado del Tribunal de Cuentas, Antonio Ramón Rodríguez Castaño, ha explicado que se trata de una ley definida como un instrumento para llevar a cabo políticas sostenibles pero que puede ser contradictoria en el aspecto social. “Aunque la confidencialidad es otro de los puntos que interfieren en la transparencia, lo que más preocupa en este aspecto es la transparencia en la valoración de la licitación de los contratos, pues entendemos que la propuesta de adjudicación de un contrato ha de estar plenamente motivada”, ha asegurado.
En esta línea, la presidenta del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, Esperanza Ríos Marín, ha centrado su intervención en la importancia de conjugar transparencia y confidencialidad en la aplicación de la Ley de Contratación pública, que hace referencia a la transparencia en sus artículos 1 y 132 y que recoge la confidencialidad en el artículo 133.
“El principio de transparencia tiene un límite en el ámbito de la contratación pública, y es la confidencialidad, que afecta a criterios del producto como los técnicos o comerciales, o a las líneas generales de su campaña publicitaria. Tiene que haber un equilibrio y coexistencia entre el derecho a la confidencialidad y la obligación de transparencia”, ha aseverado Ríos Martín.
Por su parte, la presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, María José Santiago Fernández, ha explicado el papel y las funciones de este nuevo órgano independiente, creado para dar respuesta a la directiva 2014/21, que insta a los Estados Miembro a contar con un órgano de supervisión de contratación.
Así, ha detallado el doble papel de esta Oficina pues, por un lado, es el órgano responsable de la creación de la Estrategia Nacional de Contratación como instrumento jurídico vinculante que ha de analizar las patologías de la ley de contratación en su aplicación práctica, y, por otro lado, se encarga de coordinar todos los órganos de supervisión de la contratación implicados.
“Además, desde la Oficina tenemos como objetivo incrementar la profesionalización en materia de contratación para que se establezcan criterios de contratación razonables pues, en suma, la contratación es un instrumento para llevar a cabo políticas de gran calado”, ha zanjado.
Por último, el presidente del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, Santiago Valencia Vila, ha compartido la experiencia de implantar este nuevo órgano que asume los recursos especiales en contratación en Galicia y ha explicado los retos y dificultades a los que este tribunal se enfrenta.
“Nuestros retos no son menores pues, aunque contamos con una buena herencia de las primeras generaciones de los tribunales de recursos contractuales, tenemos que enfrentarnos a esta nueva ley con una rebaja de umbrales que hará que a finales de año tengamos un 30% más de recursos, resolviendo los casos en unos tiempos razonables, pues trabajamos con procedimientos que dependen de recursos públicos”, ha concluido.
