Redacción.
15 de junio de 2018
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha informado este viernes al Consejo de Ministros de su intención de acometer una reestructuración del departamento que dirige con el objetivo de potenciar aquellas unidades administrativas encargadas, por un lado, de acometer el proceso de modernización de la administración judicial y por otro aquellas cuya misión es promover los derechos humanos e incorporarlos a toda acción de cooperación jurídica internacional en la que participe el Estado español.
Una de las prioridades del ministerio en la presente legislatura es profundizar en el proceso de modernización y desarrollo tecnológico de la justicia española mediante los procesos, mecanismos e instrumentos necesarios para ello, que serán consensuados con las organizaciones profesionales de jueces y fiscales y los restantes operadores jurídicos.
Con ese objetivo, la ministra tiene la intención de recuperar la Dirección General de Modernización de la Justicia y Desarrollo Tecnológico, competencias que en la actualidad están repartidas en unidades con nivel administrativo de subdirección general. La nueva dirección general ocupará el lugar de la actual Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que pasará a ser una división dependiente de la anterior.
Por otro lado, la ministra Delgado ha decidido reforzar la dimensión humana de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, que asumirá nuevas competencias en materia de promoción de los derechos humanos y recuperación de la memoria histórica, sin perjuicio de las competencias de otros ministerios.
La creación de la futura Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Derechos Humanos y Relaciones con las Confesiones, de la que dependerán tres subdirecciones generales, no tendrá coste presupuestario alguno, y permitirá reforzar los mecanismos que tratan de garantizar el acceso a la verdad en casos relacionados con la dictadura franquista y su sistema represivo.
Esta reestructuración responde al compromiso de la ministra Delgado de acometer las reformas modernizadoras necesarias para conseguir una Justicia rápida, independiente y transparente al servicio de la ciudadanía y, sobre todo, de las víctimas.
