Baby boxes: el ejemplo ruso

Por Pol Rubio

Rusia es un país con iniciativas, que gustan más o menos a las masas críticas del resto del mundo, pero en cualquier caso pionero.

© Mihail Mokrushin

Desde 2012, en los alrededores de hospitales e iglesias de numerosas regiones como Krasnodar o Kamchatka, podemos encontrar incubadoras que permiten a padres que han tomado la decisión de abandonar a sus hijos recién nacidos hacerlo de forma anónima y segura para la salud del bebé. Quién las coloca no se sabe a ciencia cierta pero lo que es seguro es que no lo hace el estado, que ha tenido que lidiar en numerosas ocasiones con el dilema de si quitarlas o no. No existe todavía una regulación firme respecto a las denominadas baby boxes, pero esta situación parece estar próxima a su fin.

En septiembre de 2015 Vitaly Zolochevsky, miembro del Partido Liberal-Demócrata de Rusia, hizo una propuesta de ley para penar esta práctica con hasta cuatro años de prisión y multas de 200.000 rublos para los infractores persona física y entre 1 y 5 millones para las personas jurídicas cómplices.

El Gobierno de Rusia, que no el Parlamento, en primera instancia apoyó el proyecto porque consideró la prohibición era necesaria debido a las obligaciones contraídas en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989; en concreto sus artículos 6, 7, 8, 9 y 19. Sin embargo, lo condicionó a como avanzaran los acontecimientos.

En diciembre del año pasado, Vadim Tulpanov, miembro del Consejo de la Federación, la cámara alta de la Asamblea Federal de Rusia, planteó un borrador de ley sobre las baby boxes a la Duma Estatal, que es la cámara baja.

En abril de 2017 fue aprobada y trasladada a la cámara alta, donde está a fecha de hoy pendiente de ser sometida a votación.

Mientras, algunas personalidades se han posicionado. La ombudsman de los Derechos Humanos en Rusia, Tatyana Moskalkova, que se ha pronunciado a favor de la misma, alegando que cualquier medida que pueda salvar vidas tiene derecho a existir.

El proyecto de ley para la regularización de las baby boxes establece unos requisitos de seguridad de las mismas, un protocolo de funcionamiento, y de hecho se basa en una delegación de la competencia a los distintos territorios del país; de manera que cada uno pueda elegir si las adoptan o no y, en el caso que lo hagan, en qué condiciones (origen financiación, cuántas, dónde, etc.).

Más allá de la opinión moral que pueda generar en cada lector, parece complicado imaginar a día de hoy un debate similar en España, pero tiene que llegar. La pregunta es cuándo.