Redacción.
Los cerca de 750 abogados adscritos en las islas a los servicios del Turno de Oficio y de la Asistencia Letrada al Detenido (ALD) han atendido en el primer semestre del año 2017 un total de 20.701 casos de asistencia jurídica gratuita, de los que 12.616 corresponden propiamente al Turno de Oficio y 8.085 a las asistencias letradas a las personas detenidas, lo que representa un incremento del 11,36% en relación al mismo periodo del año anterior. Ello supone que en Baleares se registra una media de 115 casos de justicia gratuita cada día, o, si se prefiere, de casi 3.500 mensuales.
Los datos fueron dados a conocer ayer en rueda de prensa por Martín Aleñar, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), y la letrada Carmen López, responsable de la Comisión del Turno de Oficio y miembro de la Junta de Gobierno de la corporación colegial, quienes también han destacado el aumento experimentado entre enero y junio de 2017 por los casos de incidencia penal y laboral, con subidas del 19,87% y del 15,43 por cien, respectivamente.
Martín Aleñar ha considerado que estas cifras evidencian el “enorme esfuerzo y compromiso social” que día a día llevan a cabo los abogados del Turno de Oficio para garantizar la defensa y el acceso a los tribunales de las personas que, por razones económicas o de índole personal, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
Un esfuerzo que, ha criticado el decano, no se ve compensado en forma alguna por los poderes públicos, que, a su juicio, han mostrado hasta el momento y sin excepción alguna, una “manifiesta falta de voluntad” para dignificar el pago que reciben estos profesionales sobre, los que de hecho, ha dicho, “descansa ni más ni menos que la igualdad de todas las personas ante la Justicia”.
En este sentido, Martín Aleñar considera “inaceptable” que en las zonas del llamado territorio común, esto es, aquellas que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia y entre las que se encuentra Baleares, los baremos establecidos para el pago a los abogados y abogadas del Turno de Oficio no se hayan revisado y/o actualizado desde hace veinte años. En Baleares, ha añadido, la cantidad media que perciben estos profesionales apenas alcanza los 120 euros por asunto, “con independencia de las muchas horas que invierte cada uno en preparar la defensa de su cliente y de los trámites y gestiones que deba realizar para ello”.
El decano de los abogados de Baleares ha insistido además en denunciar la existencia de importantes desigualdades territoriales, que provocan que los profesionales de la abogacía balear, y también los de las CC.AA. del territorio común, perciban cantidades bastante inferiores a las que reciben, por idéntico trabajo, los abogados de, por ejemplo, de Cataluña, el País Vasco, Galicia, Canarias o de las otras comunidades donde las competencias en Justicia sí están transferidas. Y es que, ha recordado, los importes establecidos por el ministerio de Justicia en el “territorio común” son, para los distintos procedimientos y en todas las jurisdicciones, inferiores a los fijados para cada tipo de actuación de oficio y orden jurisdiccional en las comunidades que sí tienen competencias.
Vocación y compromiso social
Todo ello, ha valorado Martín Aleñar, no es más que una prueba evidente de la vocación por la Justicia y del firme compromiso social de la abogacía de oficio, a su juicio, el mejor exponente de la función social que tiene asignada la profesión. “El modelo de justicia gratuita funciona con eficacia – ha subrayado el decano- gracias a un colectivo que cree en la igualdad de todas las personas ante la Justicia y que pone todo su empeño en garantizar la defensa de los derechos de las personas y de los colectivos más vulnerables”.
