La protección de los derechos de los animales debería ser un deber político

Marina Vall-llosada i GarciaPor Marina Vall-llosada i Garcia

Abogada y Portavoz de la Comisión de Derecho Animal del ICAG

Hasta los tiempos más recientes, nunca antes se había cuestionado de una manera tan razonada y amplia nuestra relación con los animales. Las voces que se levantan contra la violencia gratuita a la cual son sometidos los animales provienen de muchos campos profesionales, y el de los abogados y profesionales del Derecho es uno de ellos. Un claro indicativo del aumento de la sensibilidad social respecto a la protección de los animales es la creciente visibilidad de los asuntos relativos a los animales en los sistemas legales de diferentes estados de todo el mundo.

Recientemente ha sido aprobada por unanimidad la Proposición no de Ley al Congreso de los Diputados que pretende modificar la categorización legal de los animales en el Estado Español -que no olvidamos que data del año 1889-, pasando de ser considerados como simples bienes muebles (específicamente, se los considera como bienes “semovientes“) a reconocer, en el ámbito jurídico, la sensibilidad que ya poseen.

Esta proposición, presentada gracias a una fuerte presión social (con más de 260.000 firmas recogidas a través de una conocida plataforma digital y a la valiosa tarea que la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales –APDDA- está llevando a cabo en el hemiciclo) permitirá, del mismo modo que en 2015 se elevó a delitos las faltas y tipificar otras conductas inexistentes en el ámbito de protección animal, ampliar en la esfera civil española los derechos naturales que han sido reconocidos en otras disposiciones a los animales (como, por ejemplo, el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce a los animales como “sentient beings“, es decir, seres dotados de sensibilidad).

En este sentido, es de especial interés destacar el importante papel jugado por Cataluña, pionera en la defensa de los Derechos de los Animales (aprobó su primera Ley sobre la materia en 1988, siendo la última versión el Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Protección de los Animales) prohibiendo, entre otros supuestos, el embargo de los animales de compañía en procedimientos judiciales, las cursas de toros y los espectáculos de circos con animales salvajes.

Aún así, en 2006, con la modificación del Libro Quinto del Código Civil Catalán, los animales pasaron de ser considerados “cosas” a “no cosas” y a estar bajo la protección especial de las leyes.

En nuestra sociedad casi resulta extraño que una persona esté de acuerdo con el hecho que un animal sea considerado legalmente un bien mueble sin sensibilidad. Ahora bien, dentro de la emergencia del Derecho Animal como una rama más del sistema normativo, hay que dejar patente, para evitar malentendidos, de que no se trata de dotar a los animales de derechos reservados a seres humanos, sino de reconocer a nuestros compañeros animales, de una vez por todas, aquellos derechos inherentes a su propia naturaleza de seres vivos.

Pero con este reconocimiento tácito, que no negamos que sea un buen principio, no hay suficiente. Hace falta responsabilidad política y ciudadana, hace falta valentía política y social, hace falta información, sensibilización, conciencia, protocolos, recursos y voluntad, mucha voluntad.

Tanta voluntad como la que ha mostrado el increíble tejido asociativo y de voluntariado de nuestro país que de manera altruista ha luchado para conseguir reparar la rendija ignorada por las autoridades competentes. Hemos luchado mucho por los derechos de los animales de compañía (los únicos que, a día de hoy, disfrutan de una mínima protección jurídica), pero, todavía tenemos que continuar trabajando mucho, a nivel legislativo, para conseguir el otorgamiento de los mismos derechos y de una cierta protección jurídica, también, entre otros, a los animales de granja, así como a la fauna salvaje.

Sin embargo, la defensa de los derechos de los animales tendría que ir mucho más allá; su protección tendría que considerarse un deber político. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial tendrían que empezar a andar en la misma dirección, fomentando una serie de valores que nos permitan avanzar hacia una sociedad más tolerante, empática y justa, que fomente el otorgamiento y el respecto de los derechos de los animales, en definitiva, hacia una sociedad más evolucionada.

Viendo la situación a la cual nos enfrentamos, y volviendo a la reciente aprobación de la Proposición No de ley antes mencionada, esperamos por el bien de todos los animales pero, sobre todo de aquellos que se encuentran fuera de Cataluña que, tal como reclama la ciudadanía, no quede en papel mojado.