Redacción.
FEPIME, la patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña, cree que la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la Ley de Tasas Judiciales (10/2012) debe incluir la devolución de lo que han pagado por tasas judiciales las empresas a lo largo de estos cuatro años.
Las tasas, que en función de la figura jurídica oscilaban entre los 200 i los 10.000€, y que ahora han sido anuladas por una sentencia del TC dictada por unanimidad, no han sido una herramienta para mejorar la administración de justicia ni para agilizarla sino una forma de indefensión para las pequeñas empresas que han visto obstaculizado su derecho a la tutela judicial.
“Ni la justicia ha ido más rápido gracias a las tasas, ni se ha mejorado el turno de oficio como se nos dijo”, ha recordado De Felipe durante su visita al Maresme con motivo de su jornada empresarial anual.
La presidenta de FEPIME cree que “la anulación resuelve una parte del problema al restablecer la situación previa a 2012 pero ahora hay que devolver el dinero indebidamente cobrado a las empresas que han tenido procesos judiciales entre el 2012 y 2016”.
Asimismo, la presidenta de la patronal de pequeños empresarios catalanes recuerda que “nunca se podrá compensar a los empresarios que no pudieron recorrer a la justicia para defender los intereses de su empresa y de sus trabajadores por razones económicas. Las tasas tanto a personas como a empresas han hecho mucho daño, especialmente si tenemos en cuenta que han estado vigentes durante los años más duros de la crisis”.
De Felipe asegura que ahora, con la próxima constitución de un nuevo gobierno del Estado, es el momento de tratar con el Ministerio de Justicia esta situación. En esta línea, la presidenta de FEPIME piensa trasladar la posición de la patronal al Conseller de Justícia de la Generalitat, “dado que esta resolución afecta a muchas empresas, dentro del universo de las 600.000 que hay en Cataluña, que presentaron acciones judiciales desde la entrada en vigor hasta la anulación de las tasas. Dado que la Generalitat es uno de los entes que presentó su recurso contra esta ley, ahora queremos hablar con ellos sobre los efectos de esta anulación”, concluye.
