Redacción.
El exfiscal y abogado Carlos Castresana aseguró ayer que la corrupción “es una violación de derechos económicos sociales y culturales. Alcanza a los derechos civiles y votar cada cuatro años no es suficiente”.
Castresana hizo estas declaraciones al recibir ayer de manos de Antonio Garrigues Walker el I Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción, convocado por Transparencia Internacional España (TI-España) y el Consejo General de la Abogacía Española, en un acto celebrado en la sede de la Abogacía Española. El acto estuvo presidido por la presidenta de la Abogacía española, Victoria Ortega, y el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano.
Castresana resaltó la necesidad de introducir la transparencia y la rendición de cuentas en todos los organismos públicos y pidió que se aplique las medidas recogidas en la Convención de Mérida (México) para evitar la corrupción, que no son sólo de índole penal, sino también medidas que afectan a la educación, al desempeño de los organismos públicos, a la rendición de cuentas y a la transparencia y que en España se cumple en un 10 por ciento en esta materia. “No podemos decir que ha fracasado sino que está, en buena medida, sin estrenar”, aseguró sobre esta normativa.
Por su parte, Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, premiada con una Accésit, aseguró que la corrupción no es una cuestión cultural, ni de clima, recordando que su compromiso radica en entender la lucha contra esta lacra “como una forma de fortalecimiento institucional”.
Por su parte, Antonio Garrigues señaló que aunque la corrupción es inherente a la condición humana, se puede atacar y que hay que empezar por la educación. Garrigues señaló que había que ser moderadamente optimistas, porque hoy los corruptos acaban ante la Justicia y pagando un precio por sus delitos. No todos, pero sí muchos. “La ética, añadió, es definitivamente rentable en todos los aspectos y en todos los ámbitos”
El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, exigió mayor transparencia a las instituciones públicas y a los partidos políticos para acabar con la corrupción en España, y resaltó el papel cada vez más importante de la sociedad civil en el control de estas instituciones, así como la necesidad de que los partidos políticos tengan en cuenta el clamor social pidiéndoles diálogo y tolerancia de cara a lograr los acuerdos necesarios para abordar no solamente el problema de la corrupción sino los importantes y urgentes desafíos sociales y políticos actualmente existentes en este país.
Cerró el acto la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, quien destacó que “el derecho a saber permite acceder al pleno ejercicio de otros derechos y hace posible el control de la gestión pública mientras previene la corrupción”. En relación al alto nivel de corrupción que percibe la sociedad, la presidenta de la Abogacía aseguró que “si miramos con detenimiento, lo que vemos es que el sistema funciona, que la justicia – a pesar de la falta de medios y de todas sus carencias humanas y materiales, a pesar de sus imperfecciones- funciona, y la impunidad no es norma”.
