Ante la aprobación que ha tenido lugar en el Consejo de Ministros de un Real Decreto Ley para modificar las tasas judiciales, propuesto por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y a raíz del cual las personas físicas quedan exentas del pago de este tributo en todos los órdenes e instancias judiciales, la mayoría de instituciones de la sociedad jurídica celebran que se haya corregido una medida que iba en detrimento del funcionamiento de la Administración de Justicia; de manera que se está reparando un error ya que las personas físicas nunca deberían haber sido sujetas al pago de las tasas judiciales.
La implicación del Colegio de Abogados de Barcelona en la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas
Para Oriol Rusca, decano del Colegio de Abogados de Barcelona, “el talante dialogante y la sensibilidad del ministro de Justicia hacia las reclamaciones del ICAB han sido claves para lograr este medida“. Sin embargo, el ICAB considera que esto es insuficiente porque no exime de su pago a autónomos y pequeñas y medianas empresas en un contexto económico desfavorable. Desde esta corporación se alerta de que la situación puede hacer que el sector empresarial acabe repercutiendo el coste de la tasa en los consumidores. Por otra parte, el ICAB se congratula de que el Consejo de Ministros también haya aprobado hoy un Real Decreto Ley que regula un sistema de segunda oportunidad, una reclamación que esta corporación hacía desde 2011.
Esta medida debe servir para permitir que no sólo los pequeños empresarios o autónomos, sino también las personas en general y sus familias tengan la oportunidad de reestructurar sus deudas y, en consecuencia, reducir su endeudamiento a través de un procedimiento específico y previo al posible procedimiento concursal.
Pendientes de conocer el texto aprobado -de inmediata publicación en el BOE- se debe tener presente que desde hace cuatro años, el Colegio de Abogados de Barcelona ha estado reclamando insistentemente la aprobación de un texto normativo que abordara la muy grave problemática derivada del sobreendeudamiento de las personas y familias.
En la legislatura anterior de las Cortes Generales, concretamente en la tramitación parlamentaria en el Senado del entonces proyecto de ley de reforma de la Ley Concursal, estuvo a punto de incorporarse a la normativa, pero no se aprobó.
Aquella Ley (38/2011) de reforma de la Concursal -que entró en vigor el 1 de enero de 2012- estableció que el Gobierno debía remitir a las Cortes Generales -en el plazo de seis meses- un informe sobre la aplicación y los efectos del conjunto de medidas adoptadas para mejorar la situación de las personas físicas y las familias que se encontraran en dificultades para satisfacer sus obligaciones (especialmente las garantizadas con hipoteca). El hecho, sin embargo, es que este informe no se llegó a elaborar nunca.
Por ello, el ICAB continuó insistiendo en sus reclamaciones, en este caso ante el Parlament de Cataluña, hasta conseguir que el verano de 2012 aprobara por unanimidad de esta Cámara una propuesta de Proposición de ley de sobreendeudamiento personal y familiar y de protección, frente a los procedimientos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual que, posteriormente, fue rechazada por el Congreso.
Se continuó intentando su aprobación, tanto en las Cortes Generales (mediante incorporación en el texto de la que fue aprobada como Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social), como en el Parlament de Cataluña (en la reciente ley de reforma del Código de Consumo de Cataluña mediante la Ley 20/2014) y de forma directa con el propio Gobierno de Cataluña, previo debate en la Comisión de Desahucios de la Generalitat.
El hecho es que finalmente se habrá conseguido incorporar mecanismos que puedan ayudar a paliar algunos sobreendeudamientos aún existentes, a pesar de que otros ya no habrán tenido solución como consecuencia de la falta de respuesta normativa durante estos años de crisis.
Cabe señalar que estos últimos meses el proceso se ha precipitado después de que el clamor de toda la abogacía barcelonesa quedara patente en la sesión solemne de la Festividad de Sant Raimon de Penyafort del ICAB, celebrada el pasado día 30 de enero, en el que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se comprometió a aprobar una regulación legal del sobreendeudamiento y, también, debido a que se hicieron gestiones posteriores de seguimiento de este compromiso con una reunión específica y monográfica, ante el Ministerio de Economía y Competitividad.
El Ilustre Colegio de Abogados de Baleares lamenta que no se esté planteando suprimir las tasas judiciales para las pymes
Martín Aleñar, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, considera, cualquier rectificación prevista en el ámbito de las tasas judiciales no es sino un éxito de los operadores jurídicos y, muy especialmente, de la abogacía y de su perseverancia a la hora de denunciar “de forma reiterada, de muy distintas formas y en muy diversos foros, los efectos perversos de una Justicia tasada que ha desalojado a miles de ciudadanos de su derecho a la tutela judicial efectiva”.
No obstante, Martín Aleñar lamenta que todo parezca indicar que ahora mismo no se esté planteando suprimir las tasas judiciales para las pequeñas y medianas empresas, algo que, de confirmarse, opina, supondrá que el Gobierno “ha perdido una ocasión excelente de mostrar cierta sensibilidad hacia la difícil situación por la que atraviesan muchas de las pequeñas y medianas empresas del país”. “Es incomprensible – considera el decano – que en momentos de recesión económica, que afectan de un modo muy especial a las empresas de dimensiones pequeñas y a sus trabajadores”, se plantee mantener unas tasas que van a seguir impidiendo a mucho empresarios acceder a los tribunales para defender sus derechos y legítimos intereses”.
Por este motivo, afirma, la abogacía balear seguirá exigiendo la derogación de una ley que “por desgracia ha puesto precio a los derechos e impone una justicia tasada que muchos no pueden permitirse” y ha confiado en que el Tribunal Constitucional resuelva “con rapidez y cuanto antes” los recursos de inconstitucionalidad que se acumulan en el tribunal en contra de unas tasas “desproporcionadas, excluyentes e inmorales”.
El Consejo General de la Abogacía Española manifiesta su compromiso de seguir luchando para extender esta medida a las pymes
El Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado su satisfacción por el procedimiento de Real Decreto Ley, aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del Departamento de Justicia, para derogar las tasas judiciales a todos los ciudadanos, en todos los órdenes jurisdiccionales e instancias judiciales. Esta satisfacción es parcial porque no extiende la derogación de las tasas también a las pymes, lo que repararía plenamente la injusticia y contribuiría a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.
La medida aprobada por el Gobierno es una victoria de los ciudadanos y de la Abogacía que durante tres años ha encabezado el clamor social y la batalla contra las tasas junto a todos los operadores jurídicos, partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones de consumidores y asociaciones y colectivos de abogados. Gracias a esta presión social se ha conseguido que la Ley de Tasas haya sido modificada en dos ocasiones -esta última vez para que los ciudadanos no paguen este tributo- por el mismo Gobierno que puso en marcha la norma. Se pone fin así a la agonía de miles de ciudadanos que –hasta hoy mismo- han visto limitado su derecho de acceso a la Justicia durante más de dos años, sin que, además, el dinero recaudado, en contra de lo comprometido por el Gobierno, se haya destinado a mejorar el servicio público de la Justicia Gratuita. La Abogacía manifiesta su compromiso de seguir luchando para extender esta medida a las pymes y continuar reclamando diálogo y consenso para alcanzar los cambios necesarios en la Justicia.
El Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña encuentra la medida insuficiente
El Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña encuentra que esta medida es insuficiente, puesto que no se aplicará a otros colectivos como son las pequeñas y medianas empresas, que debido a este gravamen tienen dificultades a la vez de acceder a la tutela judicial efectiva.
Así mismo, los procuradores catalanes quieren destacar que con esta revisión de la Ley de Tasas el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, cumple con su palabra, pero a la vez le piden que considere una rebaja de los importes actuales de las tasas judiciales.
El Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña se ha implicado en la defensa del derecho a la tutela judicial efectiva y, en este sentido, llegó a un acuerdo el 2014 con el Consejo de la Abogacía Catalana y el Departamento de Justicia para rebajar el impacto de la tasa judicial catalana, que actualmente no se aplica a personas físicas, autónomos y empresas que facturen menos de un millón de euros anuales. Hay que recordar que, entre otros funciones dentro del proceso judicial, el procurador de los tribunales es el operador jurídico encargado de recaudar, tramitar y presentar a los juzgados la tasas judiciales dentro de la Administración de Justicia.
