El decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca Nadal, junto con las diputadas responsables de la Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia, Eva Pous Raventós y Julia Herrero Alcorta, presentaron ayer en rueda de prensa las conclusiones del Informe de la Justicia.
El Informe de la Justicia es una publicación anual que, desde el año 2007 se edita por parte del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) con un objetivo muy claro: dar a conocer la visión de la abogacía en relación al funcionamiento de lo que llamamos el sistema de justicia. El Informe de la Justicia recoge, por una parte, los datos sobre la evolución de la tasa de litigiosidad, de congestión, de pendencia (relación asuntos pendientes / resueltos), y de resolución en los diferentes ámbitos jurisdiccionales (civil, penal , contencioso administrativo y social) entre los años 2006 y 2013 el otro, expone como resultado de la realización de encuestas a abogados y abogadas, y del trabajo de campo para detectar las opiniones y reflexiones de estos profesionales sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, con el objetivo de resaltar aquellos aspectos que harían falta mejorar para ofrecer un servicio al ciudadano más eficiente.
Los principales “males de la justicia” detectados por los letrados encuestados por el ICAB son: los retrasos acumulados en la celebración de juicios; la concentración de la actividad judicial, especialmente de los señalamiento en tres días de la semana; la falta de información en relación a los señalamientos; la deficiente organización de la actividad judicial; y la falta de utilización de las nuevas tecnologías.
Tasa de Litigiosidad
Una de principales conclusiones del Informe de la Justicia es el descenso de los litigios durante el 2013 en todos los ámbitos jurisdiccionales, a excepción del orden social, en el que se registra un ligero aumento respecto a años anteriores. Cabe destacar que el ámbito social ha sido uno de los que ha experimentado mayor crecimiento como consecuencia de la crisis económica, tal y como reflejan las tasas de paro, el descenso en las contrataciones, y el aumento del volumen de despidos y reclamaciones de cantidad, que evidencian una de las caras más dramáticas de la recesión económica. Los índices de litigiosidad en los diferentes ámbitos (penal, civil, contencioso admistrativo, laboral) siguen siendo muy desiguales entre sí, siendo el penal, donde se registra una litigiosidad más alta (un 133%) frente al civil (35%), contencioso (4%), o el laboral (10%). Por último, cabe destacar que la litigiosidad en el ámbito territorial del Colegio de Abogados de Barcelona está por encima que en el resto de Cataluña.
Así, por ejemplo, el ICAB también considera alarmante la situación en que se encuentran los expedientes de FOGASA. Por ello Rusca ha explicado “que en un momento de crisis económica como el actual, la justicia tiene que funcionar. Es intolerable que esperar incluso años para resolver un asunto. La justicia es el camino para sacar el país adelante. Si la justicia funciona, la economía mejorará”.
Tasa de resolución
El informe destaca que se ha producido una mejora de la capacidad resolutiva de los órganos jurisdiccionales en todas las jurisdicciones en el periodo 2006-2013 a excepción, del ámbito social. En este último ámbito se produce una regresión del 8% en el año 2013, respecto al año 2006, debido al importante aumento de la litigiosidad y de los asuntos ingresados debido a la crisis.
Tasa de pendencia
La tasa de pendencia es la relación de asuntos pendientes de resolver versus los resueltos. Respecto este índice, cabe destacar de nuevo el incremento que se registra en la jurisdicción social, pasando de un 51% en 2006 hasta un 88% en el año 2013 El aumento de la litigiosidad y de los asuntos ingresados en este orden jurisdiccional hace que se produzca un colapso judicial, que se traduce en el aumento de la pendencia. Por el contrario, también hay que resaltar que el ámbito penal tiene la tasa de pendencia más baja (con diferencia) en comparación al resto de órdenes jurisdiccionales, a pesar de que en este ámbito se ingresa un volumen de asuntos superior.
Tasa de congestión
En cuanto a la tasa de congestión se produce una regresión en todos los ámbitos a excepción de los juzgados de lo social. Así de una tasa del 156% en 2006 se pasa a una índice del 196% en 2013, lo que implica un incremento del 20%. Esto refleja no sólo el colapso creciente de los juzgados y tribunales sino también la falta del establecimiento de medidas para disponer de más recursos materiales y humanos en los tribunales de este ámbito, con las que se podría, al menos, ayudar a paliar la congestión actual.
La Justicia ha empeorado, según la abogacía
El ICAB ha llevado a cabo una serie de acciones para conocer la opinión de los abogados y abogadas en relación al funcionamiento de la Justicia. Por un lado, encuestas on-line, de periodicidad anual, por otro lado, una pre quincenal a través de la página web del Colegio (barómetro de opinión), y finalmente unos trabajos de campo en los edificios judiciales para detectar los problemas reales en que se encuentra la abogacía en el ejercicio de la profesión. Las conclusiones de estos estudios es que los abogados consideran que la situación de los juzgados y tribunales ha empeorado respecto al año anterior.
Entre los principales problemas detectados por los letrados encuestados cabe destacar los retrasos acumulados en la celebración de juicios. La mayoría de retrasos son de entre 7 y 10 min (22%) seguidos de los retrasos entre 20 y 30 min (18%). Las principales causas de estos retrasos están motivadas en un 47% de los casos debido a una mala organización o bien en un 29% de los casos por el retraso del juez.
La concentración de la actividad judicial, y especialmente de los señalamientos, en tres días de la semana (martes, miércoles y jueves) es otro hecho valorado negativamente. Además se ha detectado una falta de información en relación a los señalamientos de manera visible y con uso de los medios existentes; La deficiente organización de la actividad judicial, y en concreto la suspensión de los juicios (en un 62% debido a la falta de realización de alguna notificación o citación) junto con la falta de uso de las nuevas tecnologías son otros factores que contribuyen a que haya posicionamiento pesimista en cuanto al funcionamiento de la justicia.
Por ello, el ICAB cree que el incremento en un 1% del presupuesto del Ministerio de Justicia es totalmente insuficiente para resolver los problemas de la Administración de Justicia. “La crisis económica ha golpeado duramente la administración de justicia, que ámbito que a pesar de su importancia y trascendencia en la sociedad, siempre se ha encontrado en inferioridad de condiciones respecto otras administraciones“, ha afirmado Rusca. Por eso desde el Colegio de Abogados de Barcelona se reclama más inversión económica para favorecer la modernización de la justicia, pero también más recursos humanos, teniendo en cuenta que tenemos una planta judicial baja. “Hay que apostar decididamente por una nueva oficina judicial más estructurada y organizada, así como por una mayor coordinación con todas las partes que participamos en la Administración de Justicia para mejorar la situación“, afirma el decano.
La incidencia de las tasas judiciales
El 68% de los abogados y abogadas encuestados afirman haber tenido algún supuesto entre sus clientes de renuncia a la interposición de una acción judicial como consecuencia de la ley de tasas estatal. Los abogados también desconfían respecto de la inversión en justicia del dinero recaudado por esta tasa.
“Este hecho demuestra lo que la abogacía lleva años denunciando. Las tasas judiciales suponen un impedimento a que los ciudadanos ejerzan su derecho a ir a los tribunales para reclamar justicia. Las soluciones para paliar la situación en los juzgados o tribunales no pueden pasar por obstaculizar el acceso, sino para establecer planes reales y factibles para solucionar las situaciones concretas en que se encuentran los juzgados en las diferentes jurisdicciones“, afirmó el decano de los abogados de Barcelona.
El catalán en la justicia
Desde el Colegio de Abogados de Barcelona también se ha preguntado a los abogados y abogadas sobre qué idioma usan en los escritos judiciales. En este sentido, más de un 74% los abogados encuestados usan mayormente el castellano frente al 25,52% que escriben en catalán.
El uso del catalán y el castellano en los escritos no judiciales tiene unos niveles más parecidos (castellano un 45,2% versus catalán 37,3%, inglés (5,9%) y otros idiomas (11,5%). La realización del Informe de la Justicia es el resultado de una serie de encuestas a abogados y abogadas, de trabajos de campo en los juzgados demarcación del Colegio de Abogados de Barcelona, así como la recopilación propia a partir de datos estadísticas oficiales del Consejo General del Poder Judicial, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Estadística de Catalunya, el Fondo de Garantía Salarial, el Ministerio del Interior y de la Generalitat de Catalunya.