Antes de las seis de la tarde de hoy Alberto Ruiz-Gallardón ha anunciado su dimisión en una rueda de prensa, tras la confirmación por parte de Mariano Rajoy de la retirada de la reforma de la Ley del Aborto que el ministro había defendido con tanto esmero y que había causado que muchas voces institucionales del sector jurídico sentenciasen que la historia recordará a Gallardón como “el peor ministro de justicia de la historia de España”.
Su último discurso como político
Gallardón ha empezado su discurso alegando la falta de capacidad para “tirar adelante ante las cortes un anteproyecto de ley que habíamos aprobado en Consejo de Ministros” y refiriéndose a este hecho como motivo de su dimisión. Seguidamente, ha añadido que con este discurso abandona la política tras 30 años de carrera. Abandonará, además de su cargo como Ministro de Justicia, su escaño en el Congreso y cualquier cargo del partido.
La retirada de la reforma de la Ley del Aborto ha sido la pieza final que ha provocado su dimisión. “Mi gratitud al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es absoluta, pero yo ahora no puedo ser la persona que tire adelante una nueva reforma de ley del aborto” ha relatado el ya ex ministro. “Se me encargó hacer un proyecto de ley a partir del anteproyecto de reforma de ley del aborto acordada en Consejo de Ministros, es obvio que no lo he conseguido, pero no me siento desautorizado. El anteproyecto no es de Alberto Ruiz-Gallardón, es del Gobierno de España. No quiero mirar hacia atrás con ira o con rencor, lo quiero hacer con gratitud. En la vida no se consiguen todos los éxitos, por supuesto que no, no pienso que haya sido una derrota” ha justificado.
Finalmente, ha añadido que “ahora vendrán otras generaciones, gente nueva, joven, con mejor formación y con más capacidad para tirar adelante este proyecto compartido que llamamos España”. Para su reemplazo, Mariano Rajoy ha nombrado a Rafael Catalá Polo, que hasta ahora ha ocupado el cargo de secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda en el Ministerio de Fomento.
Frente a los periodistas se ha mostrado claro con el tema catalán, precisando que antes de su dimisión ha dejado preparado todo el aparato jurídico para interponer el recurso contra la ley de consultas catalana.
¿Cuáles han sido las reacciones institucionales del sector jurídico?
Desde el Consell de l’Advocacia Catalana, se ha celebrado la dimisión del hasta hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a quien se ha tachado de ser ‘el peor ministro de Justicia de la historia de la democracia’. La Abogacía institucional catalana ya había pedido la dimisión de Gallardón ante las reformas legislativas llevadas a cabo por su ministerio y en este sentido confía ahora que su dimisión paralice todos los proyectos legislativos impulsados por el ex ministro y, muy especialmente, que se retire la Ley de tasas judiciales.
Para Juan Antonio García Cazorla, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sabadell, la dimisión del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, a quien había calificado en varias ocasiones como “peor ministro de la Historia”, es muy positiva dado que, en su opinión, “no podemos más que congratularnos por la dimisión de un ministro que ha trabajado de espaldas a nuestra profesión y a la ciudadanía, obviando cualquier tipo de diálogo y comenzando proyectos de ley totalmente descabellados”.
Oriol Rusca, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, ha valorado que “la dimisión de un ministro siempre es lamentable, aunque en el caso del Ministro Gallardón se rumoreaba hace tiempo. A pesar de tener siempre un trato cordial y respetuoso han sido pluralidad los casos de profunda discusión y falta de entendimiento con la abogacía, en general, y con los derechos de los ciudadanos en particular”. A todo ello, desea que “este nuevo escenario que se nos abre, permita un mayor entendimiento y una mayor fluidez entre los operadores jurídicos y el Gobierno. La abogacía está siempre abierta al diálogo y al trabajo conjunto para el bien social”.
Para Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, “llegó al Gobierno como el ministro más apreciado y se va como el segundo peor valorado. Pudo haber sido un gran ministro de Justicia –así le recibimos- y defraudó las expectativas de todos los operadores jurídicos y de los ciudadanos. Puso en marcha numerosas reformas sin diálogo y sin medios para llevarlas a cabo. Sólo tuvo una virtud: poner de acuerdo a todos los operadores jurídicos, algo insólito en el sector. La Abogacía, por primera vez en su historia, salió a la calle y se manifestó contra la pretendida regeneración del ministro.”
Desde Palma, Martín Aleñar, decano de los Abogados de Baleares ha calificado de “coherente” la decisión de Alberto Ruiz Gallardón y ha asegurado que, de alguna forma, el ministro saliente ha sido “la cara visible de una política de hechos consumados” que, casi desde el primer momento, encontró un fuerte y amplio rechazo entre la mayor parte de los operadores jurídicos y de la sociedad civil y que provocó que toda la abogacía institucional saliera a la calle por primera vez. Por ello, espera que ahora se abra una nueva etapa de serenidad, diálogo y colaboración para conseguir que, entre todos y de forma consensuada, se logre frenar proyectos de ley que, como la la reforma de la justicia gratuita, suponen graves lesiones de los derechos de las personas.
Para Juan Ospina, presidente de la agrupación de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de Madrid, hoy dimite “uno de los peores Ministros que ha tenido la Democracia española. Primero incumplió su programa electoral, reformando la LOPJ para politizar y controlar más toda la Justicia – cabe recordar que ahora los vocales del CGPJ son elegidos a dedo por la política -, y después limitó el acceso a la justicia con una Ley de tasas que impide la Justicia real a la clase media. Sus proyectos de ley eran aun peores; reforma del turno de oficio para acabar con él, reforma del Código penal y la Ley de enjuiciamiento criminal para limitar nuestros derechos, ninguna reforma incluía aportar más medios a la Justicia y solo iba dirigida a controlar más a la ciudadanía.” Como conclusión, Ospina añade a este periódico que “la salida de Gallardón es una esperanza para la ciudadanía y la justicia, esperando que el actual gobierno busque a alguien capaz de solucionar las crisis en justicia y mirar al futuro con visión de servicio y de democracia.”
Desde Jueces por la Democracia, su portavoz Joaquim Bosch ha declarado que desde la asociación judicial, también, se ha valorado “positivamente el relevo en dicha cartera ministerial” y en este sentido reclaman “el inicio de un nuevo periodo en el que se rectifiquen las numerosas medidas erróneas adoptadas y se opte por buscar soluciones reales a los graves problemas de nuestra administración de justicia.” Para Jueces por la Democracia, la actuación de Gallardón “desde el principio mostró escasa sensibilidad hacia los problemas de la Justicia y que se centró más en iniciativas que pensaba que podían generarle protagonismo y proyección personal.” Finalmente, Joaquim Bosch ha añadido que “Gallardón no se ha sabido centrar en la modernización de las estructuras judiciales, pero sí que lo ha hecho en el recorte de elementos esenciales del servicio público. Ha dejado un paisaje judicial arrasado tras tres años de gestión, con operadores jurídicos ampliamente desmotivados, y con un sistema judicial mucho más deteriorado que al inicio de esta etapa”.
Desde la Asociación por la judicatura catalana (AJUDICAT), su Presidente, Fruitós Richarte, expone que “gobernar no es mandar, los términos son radicalmente opuestos y esto es lo que no ha entendido, a pesar de los largos años en la política del dimitido ministro. Nos habría gustado mucho más que el término a aplicarle fuera el de cesado, pues esto habría querido decir que no se trataba de un mero ejecutor sino de un verdadero ideólogo de políticas neoliberales destructoras del estado de la justicia por el estado de derecho de la mayoría absoluta, como lo ha sido eliminar el 20% de la planta judicial, a la vez de imponer el impuesto revolucionario para acceder a la justicia, más conocido por tasas judiciales, y todas las reformas que tenía preparadas; privatización del registro civil, reforma del Código penal, reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal, reforma de la Ley orgánica del poder judicial – la tercera -, reforma de la Ley de planta judicial…
En una cosa sí tenía razón, el Ministerio de Justicia tiene que desaparecer, – manifestaciones de cuando el PP estaba en la oposición – si realmente se quiere que el poder judicial y el servicio público de justicia no caigan en manos del legisloexecutivo, y exista por el bien de todos y todas independencia judicial, no se puede depender de los caprichos del político de turno que manda más que gobierna”, concluye Richarte.
Des de la Unión Progresista de Fiscales, la dimisión de Gallardón ha supuesto también una satisfactoria noticia. Para la asociación de fiscales “su falta de diálogo con los que prestan sus servicios en el Ministerio, los profesionales, abogados, procuradores y con el resto de operadores jurídicos, y su ideología absolutamente reaccionaria, le han convertido en el Ministro más controvertido de cuantos le han precedido, de cualquier signo político. Ha maltratado y descuidado hasta la saciedad a la Carrera Fiscal, y ha desoído y prescindió en numerosas ocasiones de quien la dirige, el Fiscal General del Estado”.
