Desde el inicio de la crisis económica, alrededor del ejercicio del 2008, el porcentaje del PIB en lo referente a la economía sumergida ha aumentado siete puntos porcentuales; como también ha aumentado la cantidad de impuestos defraudados por la sociedad española. Actualmente, la cantidad de dinero negro que hay en circulación se sitúa alrededor de los 253.135 millones de euros, según los datos de un estudio elaborado por los técnicos de Hacienda y dirigido por el profesor de Economía de la Universidad Rovira i Virgili, Jordi Sardà. Con el objetivo de frenar este crecimiento exponencial, los IHE han propuesto varias medidas para reducirlo, de entre las cuales las más debatidas socialmente han sido la legalización de la prostitución y el tráfico de drogas “blandas”. La razón de esta propuesta es que el Estado disponga de más medios para luchar contra los efectos adversos que generan estas dos actividades, ilegales hoy en día, y a la vez poder obtener recursos para compensar a la sociedad española sobre sus efectos nocivos. Por ejemplo, según las estimaciones del propio sector, el mundo de la prostitución factura cada año en España alrededor de 18.000 millones de euros. Si esta actividad emergiera a la economía regular, aplicando un tipo impositivo medio del 30%, se podrían recaudar alrededor de 6.000 millones de euros.
Este informe titulado Reforma fiscal española y agujeros negros del fraude. Propuestas y recomendaciones ha servido para elaborar un riguroso análisis del sistema tributario español, así como para proponer más de doscientas iniciativas para intentar ayudar la futura reforma fiscal y tributaria que está preparando el ejecutivo español, la cual, según la IHE, tendría que encarar los cuatro puntos básicos de la tributación española: el reparto de competencias, la eficacia de la administración, la legislación fiscal y las figuras tributarias. El encargado de presentar este informe ha sido el presidente de los inspectores de Hacienda del Estado español, Ransés Pérez Linde, quien ha asegurado que el cuerpo de los inspectores está preocupado por el futuro próximo que tendrá que afrontar el sistema tributario español, puesto que a estas alturas el sistema actual no es capaz de recaudar el dinero necesario para sostener el gasto público español.
A pesar de que las dos propuestas que más se han comentado son las referentes a la prostitución y las drogas, no son las únicas que se han presentado desde la IHE. Así, también destacan la eliminación de los billetes de quinientos euros, una posible publicación de un listado con los nombres y apellidos de los morosos o la exclusión de los cargos públicos de aquellas personas que estén siendo juzgadas por delitos económicos.
Estas medidas no se centran sólo en propuestas, sino que comportan un posible cambio legislativo como podría ser el del Código Penal, en referencia a la modificación de la definición de los delitos fiscales. Y no sólo se trata de adecuar la normativa a la realidad actual sino que también se posicionan a favor de poner freno a según qué tipo de ayudas y subsidios, y a aumentar las sanciones.
Las medidas van en consonancia con la Cuarta Directiva sobre prevención del blanqueo de capital y financiación del terrorismo, que es una modificación de la Tercera Directiva y del Reglamento 1781/2006. Los cambios que aporta se centran en aumentar las actividades consideradas de riesgo (por ejemplo, las normas referidas a los casinos se extienden al juego en general); incluir una referencia específica en el delito fiscal; reforzar las capacidades sancionadoras de las autoridades; y buscar una aproximación del blanqueo más basada en el riesgo (reforzar las normas sobre las due diligence de clientes, introducir nuevas reglas sobre las personas con responsabilidad pública, incluir entre los sujetos obligados todos aquellos que negocian con bienes y realizan un pago superior a 7.500€, entre otros). Se espera que esta Cuarta Directiva se pueda aprobar este año y que entre en vigor el 2015 o el 2016.
Así pues, la preocupación por el blanqueo de capital y la evasión fiscal no es sólo una cuestión estatal sino que se plantea a nivel europeo. Está centrada, sobre todo, en las personas con responsabilidad pública (PEP) y en el análisis de los posibles riesgos. Justamente por eso la nueva Directiva plantea que para valorar posibles riesgos hay que tener en cuenta las características del cliente, la situación geográfica, los productos, los servicios, las transacciones y los canales de distribución. Y siempre es importante que esta evaluación se haga de manera armonizada entre los diversos Estados, puesto que permitirá que haya una mayor consistencia en el desarrollo de la actividad inspectora.
Mientras la Cuarta Directiva no entra en vigor y no se aprueba la reforma fiscal, se proponen pequeñas iniciativas que pueden ayudar a disminuir la tasa española de economía sumergida en los campos de la prostitución y las drogas, como el pago con tarjeta, la potenciación del intercambio de información con la Seguridad Social, o la identificación de los clientes por parte de las entidades bancarias.
