La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

Por Álvaro Comajuan
Barcelona

La recuperación económica y el final de la crisis se acercan, pero la cruzada del Gobierno contra el gasto excesivo de las Administraciones Públicas, según éste el principal culpable de esta situación, no ha finalizado. Para evitar futuros males, el Gobierno incluyó, entre diversas medidas, una figura no demasiado publicitada pero que no por ello innovadora y digna de ser comentada.

Todo surge de la polémica modificación del artículo 135 de la Constitución, en agosto de 2011, la segunda que se producía en la historia de la Carta Magna, y que consagraba como principio fundamental de la acción del Estado la estabilidad presupuestaria, es decir, que ninguna Administración Pública gaste más de lo que ingresa. Concretamente, se entiende que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal viene a cumplir parte de las funciones del apartado 5, por ello su creación se realizó mediante Ley Orgánica (LO 6/2013, de 14 de noviembre).

Sus fines son, en virtud de tal ley y del Real Decreto que la desarrolla (RD 215/2014) es garantizar el cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y el análisis de las perspectivas económicas.

Ahora bien, ¿tendrá alguna potestad sancionadora o de aviso hacia las Administraciones incumplidoras? Entre sus facultades legales se encuentra la evacuación de informes, opiniones y estudios, lo que le convierte en un mero vigía. Para ello, no obstante, se realizará un esfuerzo de canalización de información y datos financieros del sector público, a través del Ministerio de Hacienda, los cuales deberán ser facilitados obligatoriamente, y de no facilitarse, se podrían llegar a imponer sanciones previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Por tanto, esta nueva “Autoridad” será un elemento más en la lucha contra el despilfarro público, sin capacidad de combatir los excesos pero sí se puede convertir en un elemento clave para conocer cómo gestiona el dinero nuestros servidores públicos y corregir sus errores.

Fuente: REUTERS/Susana Vera
Fuente: REUTERS/Susana Vera