Sábado. Calle Gran Vía de Madrid. Liderados por la plataforma Abogados Sin Toga (AST) en larga procesión hacia el Ministerio de Justicia, marchan 300 personas, estudiantes de Derecho, abogados y hasta el Decano del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares. Todos en protesta por la imposición de un examen de acceso a la abogacía, bajo el lema de “No al examen de acceso a la abogacía” y sosteniendo pancartas con mensajes como “Grado y Máster al cajón de sastre”, “Ni-ni’s por obligación” o “Dejadnos ejercer. Carrera + Máster + Practicas”.
Para Verónica Gutiérrez, miembro de AST, la reivindicación del pasado sábado fue mejor de lo que nadie se esperaba. La manifestación empezó a las 12h en Madrid, frente el Banco de España y recorrió toda la Gran Vía madrileña hasta finalizar a las 14h frente a las puertas del Ministerio de Justicia, donde se simuló un juicio.
Sin embargo, esta no fue la primer acción que han llevado a cabo desde la plataforma Abogados Sin Toga. “Antes de la manifestación del pasado sábado, realizamos rondas de contacto con los grupos parlamentarios de UPyD y del PSOE, y paralelamente, también nos reunimos también con los Decanos de Derecho de la Universidad Carlos III y de la Universidad de Alcalá de Henares”, nos explica nuestra entrevistada, Verónica Gutiérrez.
¿Cómo y dónde nace la plataforma Abogados Sin Toga?
Estudiantes de la Universidad Carlos III en finalizar el Máster en Abogacía y las prácticas obligatoria, vieron como el Ministerio de Justicia, encabezado por Alberto Ruiz-Gallardón, seguía sin convocar el examen de acceso a la abogacía que permite a los ya graduado en Derecho y actuales estudiantes del Máster en Abogacía por colegiarse y ejercer. “Dada esta situación insostenible, que nos dejaba en un limbo, desde la Universidad Carlos III decidimos empezar a movilizarnos para ya no exigir una fecha para el examen, sino para suprimirlo ya que consideramos que no se puede evaluar las aptitudes de un futuro abogado con un simple test,” nos explica Verónica Gutiérrez. Así frente a la pasividad de la Administración en relación a este limbo en el que viven, decidieron dar luz a la plataforma “Abogados Sin Toga”. Seguidamente se pusieron en contacto con los afectados de la Universidad Alcalá de Henares y con los de la Universidad Autónoma de Madrid.
¿No es la formación recibida durante cuatro años en las facultades de Derecho suficiente para ejercer la abogacía?
En sus reivindicaciones y apoyo a la plataforma Abogados Sin Toga, aun ha ido más lejos la asociación Jóvenes Abogados en Movimiento, la cual declara en su Manifiesto por una educación jurídica de calidad que “de inicio, la Ley parte de un principio erróneo e intervencionista: la obligatoriedad de realización de un Máster de Acceso, cuyo coste abarca cifras en muchos casos inasumibles económicamente, conlleva una dificultad añadida para los estudiantes de Grado de Derecho, quiénes ya han sufrido la reciente subida de las tasas universitarias. Es decir, un Máster obligatorio como requisito indispensable para el acceso a una profesión supone un ataque a la libertad individual y a la libre elección dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho.” Y en este sentido, la asociación Jóvenes Abogados en Movimiento deja muy clara su posición frente a la Ley 34/2006 al declarar lo siguiente:
1. Que el requisito de obligatoriedad del Máster supone una nueva injerencia de los Poderes Públicos en la libre elección de los ciudadanos. Desde Jóvenes Abogados en Movimiento solicitamos que el Máster de Acceso sea optativo y que, una vez finalizado el Grado, los estudiantes puedan elegir, sin un sistema claramente coercitivo, cómo prepararse el examen de acceso a la profesión. Tal es la situación actualmente en las oposiciones a la Administración de Justicia o la preparación para ciertas profesiones sanitarias.
2. Que el examen de acceso, al no darse las condiciones necesarias para ello, no se convoque para la primera promoción: no a un examen convocado hoy por suponer un atentado a la libertad, puesto que no debe continuarse con la restricción del libre ejercicio de una profesión. Sí a un examen venidero en el que los Ministerios competentes garanticen a los futuros graduados una convocatoria oficial en tiempo y forma, un temario acorde a las expectativas creadas con la Ley y un contenido fundamentalmente práctico.
3. Que la Administración debe, en consecuencia, ser coherente con sus obligaciones, y ver el porqué de la necesidad de un Máster y de un examen complementarios a un Grado en Derecho ya reformado para cumplir con las exigencias del Plan Bolonia. ¿No es acaso la formación recibida durante cuatro años suficiente para ejercer la abogacía? ¿No están las Universidades españolas capacitadas para proporcionar a los estudiantes un estándar formativo que sirva para su acceso al mercado laboral? ¿Acaso los conocimientos adquiridos no son todo lo prácticos que debieran ser? ¿Necesita el Grado en Derecho, como requisito previo, una profunda reforma, y adaptarlo para ser garantía de una profesión?
¿Deberían haber salido a la calle antes?
Citando a Bertolt Brecht, está claro que “las revoluciones se producen en los callejones sin salida”. Y sin duda el de los Abogados Sin Toga es un callejón sin salida que más que provocar una manifestación puntual, ha provocado que nuestros futuros jóvenes abogados tiendan a la revolución utilizando todas las herramientas a su disposición; Desde reuniones con grupos parlamentarios o decanos, hasta manifestaciones y redes sociales cómo medio de difusión y viralidad, como nos comentaba Verónica Gutiérrez.
Pero, frente a la manifestación de ayer, hemos de ser críticos para preguntarnos si los jóvenes estudiantes de Derecho no deberían haber actuado antes. La imposición de un máster para poder ejercer como letrados con elevados precios, pocas plazas y escasas especialización en las Universidades Públicas, parece que no fue suficiente para provocar que los futuros graduados en Derecho saliesen a la calle a protestar.
En este sentido se muestra Helena Vázquez, estudiante del Máster en Abogacía: “Abogados Sin Toga” nace con la única voluntad de eliminar el examen estatal. No comprenden la entidad del problema de las trabas al ejercicio. El punto que habría que subrayar es la desigualdad a la que conduce el sistema de máster y examen. Estos dos años de paso impiden, por un lado, la entrada en el mundo laboral. Por el otro, cierra las puertas a estudiantes de clase trabajadora, ya sea por el coste de oportunidad de estudiar o bien por la imposibilidad de pagar el máster. Hay que recordar que la mayoría de másteres en abogacía no se oferten a precio público.”
Y en su razonamiento, Helena Vázquez se mantiene bastante firme en que “exigir, con una movilización puntual en Madrid la eliminación del examen, no supone que nuestra pesadilla se desvanezca porque queremos que se garantice a los estudiantes de Derecho: un grado completo asimilable a la licenciatura, y en caso de requerirse de un curso de especialización, que este sea ofrecido por las universidades públicas directamente, a precio público y complementado con un sistemas de becas. Aun así, exigimos la retirada del examen.”