Prisión bajo fianza para el ex director de la CAM

Javier Gómez Bermúdez, juez de la Audiencia Nacional, ha decretado prisión bajo fianza de un millón y medio de euros para el antiguo director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, acusado de desviar capital a una sociedad situada en un paraíso fiscal. Hay que recordar que el antiguo director de Empresas de CAM, Daniel Gil, también fue encarcelado con una fianza de 400.000€. Según el juez, los dos ex directivos se encontraban en una posición importante dentro de la caja, y se les atribuye una participación directa en el diseño de las actuaciones realizadas para evadir el pago y lucrarse intermediando en los paraísos fiscales.

Cómo expone el magistrado, su decisión viene motivada ante “la eventual fuga de los presuntos responsables”, puesto que estos “disponen de medios económicos y relaciones con el exterior que les permitiría eludir la acción de la Justicia situándose en Curazao, país con el que no existe ningún convenio de extradición”. Además, también ha ordenado la detención de dos empresarios alicantinos, José Salvador Baldó y Vicente Ferri, pero el problema es que estas dos personas no se sabe donde se encuentran. A todos se les imputan delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y administración fraudulenta. Los ex directivos, junto con el resto de detenidos de estos últimos días, y los socios de la firma Valfensal han podido ocultar a Hacienda, como mínimo, cuarenta y tres millones de dólares; la mayor parte de esta cantidad proveniente de operaciones de adquisición y explotación de complejos turísticos en el Caribe. Así pues, la operación conocida como “Mar nuestro”, ya cuenta con nueve detenidos y once imputados; como hemos comentado anteriormente, no se computan los dos socios que se encuentran deslocalizados.

La estructura fiscal fue creada con el asesoramiento fiscal de un empleado del despacho Garrigues, Jaume Escrivá, que también ha sido detenido, a pesar de que ya ha quedado en libertad. Tanto López Abad, como Daniel Gil utilizaron informes de este abogado “para justificar ante los órganos de control de la CAM la legalidad de la estructura societaria en la que se articulaba el grupo Valfensal”. Lo que se buscaba era utilizar a la entidad bancaria como medio para poder obtener financiación y transferir a posteriori el capital a sociedades situadas en el extranjero. Toda esta actuación tenía el consentimiento de los ex directivos. A los beneficios acumulados por el grupo hotelero se tienen que sumar siete millones de dólares por el gasto de amortización; por lo tanto, nos encontraríamos ante un delito de una importancia cuantitativa. Así pues, la sociedad Valfensal S.L participaba en un setenta por ciento y un treinta por ciento estaba en manos de una filial inmobiliaria de la CAM, la cual aceptó hacer esta inversión bajo la autorización de Gil y López Abad. Además, en 2004, esta sociedad empezó a operar a través de una sociedad pantalla, Jacksonport Corporation NV, con sede social Curazao, en las antiguas Antillas Holandesas, paraíso fiscal a cincuenta kilómetros al norte de la costa venezolana.

Para comprender el funcionamiento de todo este entramado, es ilustrativo el diagrama elaborado por CINCO DIAS (Juande Portillo y Alejandro Meraviglia), que se adjunta a continuación.