En los dos últimos años, los españoles han padecido la subida de la nada despreciable cifra de treinta impuestos.
Los impuestos, que se han concentrado en las rentas medias y asalariadas, han tenido un efecto devastador para el consumo y el ahorro, prolongando la recesión económica en España.
En relación al impuesto injusto por excelencia, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en un periodo de tan solo 4 años, los españoles hemos visto incrementado en 5 puntos el tipo general, pasando de un 16% hasta el abusivo 21% que predomina en la actualidad.
Como bien saben, el gran hándicap del IVA es que acaba siendo soportado por los consumidores, penalizando un elemento clave en la dinamización de la economía: el consumo.
Para más inri, aquellas personas jurídicas que en estos tiempos convulsos consiguen sacar adelante su negocio y obtener beneficios, se ven condenadas a destinar un 30% de éstos a la Hacienda Pública (un 25% en los casos que se trata de una empresa de reducida dimensión).
Por otro lado, el ministro Montoro anunció la prórroga de la subida del IRPF para el año 2014. El tipo máximo del IRPF alcanza hasta el 52%, llegando al 56% con la aplicación del tramo autonómico en Cataluña.
En este contexto de exacción fiscal, desde el Ministerio de Hacienda se ha encargado a un Comité de Expertos la elaboración de un informe sobre la reforma fiscal con el propósito de “obtener una mayor recaudación para las arcas públicas”.
A simple vista, todo indica que podrían incrementarse algunos tributos y mantenerse otros o, en el mejor de los casos, sufrir una ínfima disminución. Una política que se ha demostrado errónea puesto que el Estado ha recaudado menos desde la subida del IRPF e IVA como consecuencia de haber retrotraído el consumo y ahogado al sector privado.
Una política tributaria en la cual el Gobierno español es cómplice, pero cuyo principal responsable radica en las instituciones europeas en Bruselas.
En consecuencia, no habrá progreso a base de incrementar la presión fiscal. No habrá salida de la crisis a base de perjudicar el bolsillo de los ciudadanos y penalizar al sector privado.
No habrá motivo para la esperanza mientras la perspectiva del sistema tributario no cambie de paradigma, dejando a un lado la obsesión por la recaudación e incidiendo en la simplificación, el empleo y el crecimiento.
La solución a este entuerto no requiere de soluciones ni recetas milagrosas. Pasa por generar “inputs” positivos en el mercado, disminuyendo cargas y tributos por doquier, apostar por dar facilidades al sector privado y acometer una reforma en profundidad del estatismo que impera en las políticas de gasto público.
En definitiva, empezar a aplicar la lógica que contenía el programa con el cual el partido de Gobierno fue respaldado por una mayoría absoluta sin paliativos en las urnas.
Por Andreu Marín
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Adminstración por la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Estudiante de último curso del Grado en Derecho en UPF.
Jefe de Opinión en El Jurista. Mis ámbitos de interés son el Derecho Penal y Constitucional.
