El pleno extraordinario del Parlamento Balear, en día 2 de julio, ha aprobado una carreta de decretos ley con solo la mayoría popular. Mientras tanto, la oposición sigue recibiendo largas a sus constantes peticiones de regular las materias de estos decretos mediante el procedimiento ordinario. A continuación haremos un resumido análisis del contenido de estos decretos.
El primer decreto es el Decreto Ley 1/2013 de medidas urgentes de carácter turístico y impulso de las zonas turísticas maduras. Este decreto ha sido aprobado con 32 votos a favor contra los 24 votos de la oposición.
Su contenido, en resumidas cuentas, incorpora una serie de modificaciones urbanísticas que complementan al Plan de Reconversión de la Playa de Palma para que los hoteles de esta zona puedan aumentar su altura, así como la creación de nuevos hoteles y la aceleración de los tramites administrativos para ello en todo el territorio balear.
Desde la oposición se critica especialmente que esta modificación continúe con el urbanismo a la carta y el trato de favor hacia el lobby hotelero, ya que esta, entre otras cosas, permite la regularización –o amnistía– a todos aquellos establecimientos hoteleros que hasta ahora se encontraban en posición irregular.
Segundo, se ha aprobado el decreto ley 2/2013 de 14 de junio, de medidas urgentes en materia de movilidad interadministrativa temporal de la administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, con la misma proporción que la votación anterior.
Este decreto, como indica la consejera de Administraciones Publicas, Núria Riera, pretende facilitar el movimiento del personal administrativo en las diversas administraciones según las necesidades puntuales o cíclicas donde se detecte una falta de personal.
Sin duda esta es un remedio a los constantes recortes laborales en la administración que han dejado vacías muchas mesas y muchas tareas descubiertas. Esto pretende solucionarse mediante movilidades forzosas (articulo 2.5 y .6) y siempre con indemnización de tratarse de un cambio de municipio o con la atribución –y ampliación– temporal de nuevas funciones a funcionarios en sus respectivas ramas (articulo 8).
La ultima de estas reformas es la creación de la red hospitalaria pública de las Islas Baleares y el procedimiento de vinculación de centros privados de atención especializada –Decreto Ley 3/2013 de 14 de junio–. Este decreto ha sido aprobado con solo votos positivos del grupo popular, puesto que la oposición a preferido abstenerse. Esto es así ya que, aún con el suspenso generalizado del gobierno balear en materia de sanidad publica, esta nueva institución parece traer un halo de optimismo a la sanidad balear.
Como dice en su articulo 1.1. la red hospitalaria pública será una instrumento que incluirá por un lado el IB-Salud y por el otro toda una serie de centros sanitarios privados, con la condición de que sean centros sin animo de lucro. Esto servirá para mejorar la colaboración entre las entidades privadas –por ejemplo, La Cruz Roja o el Hospital General y de la Sang. – y el servicio publico adaptando las primeras a la normativa pública en materia sanitaria.
Sin embargo no todo son halagos. Como indica la oposición, encabezada por la socialista Francisca Armengol, este decreto esconde una serie de disposiciones (Disposiciones derogatorias) que modifican la Ley Farmacéutica. Notoria es la carencia de relación entre la materia regulada en todo el decreto y la reservada a esta disposición. Mas notorio es, pese a la poca extensión de estas modificaciones, que la materia farmacéutica haya sido ocultada de esta manera, teniendo en cuenta la peligrosa vinculación del Presidente Balear con este oficio.
En conclusión, tres nuevos reformas –dos de ellas para solucionar sus propios errores– a golpe de la herramienta preferida del gobierno actual: el decreto ley. Me pregunto: ¿Cuánto tiempo hará desde que el Presidente José Ramón Bauzá no pone en marcha un procedimiento ordinario en materias especialmente importantes y que necesiten de un debate profundo?